Sindicatos y patronal están negociando para definir cómo ampliar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) durante el proceso de 'desescalada', ya que muchas empresas -aunque puedan abrir al público o recuperar la actividad, con restricciones- no van a tener capacidad de volver a reincorporar a toda la plantilla. El Gobierno, sin embargo, no está facilitando esas negociaciones.
"La negociación está siendo menos complicada de lo que se podía esperar", decía en tono animoso este martes Pepe Álvarez, secretario general de UGT. Al final, a ambas partes les interesa que se amplíen los ERTEs (tanto si se prorroga el estado de alarma como si no) para evitar que haya despidos, pero el distanciamiento principal está en las rigideces que ha ido introduciendo el Gobierno en este mes.
La CEOE está intentando aliviar algunos puntos que condenarían a las empresas, como el hecho de que se perpetúe la condición obligatoria de mantener el empleo durante seis meses después de que acabe el ERTE o la prohibición de hacer despidos procedentes con motivo del coronavirus que aprobó el Ejecutivo sin contar con el diálogo social.
Ambas restricciones recortan la flexibilidad de las empresas, por lo que la patronal negocia para suavizarlas, según ha podido saber Vozpópuli de fuentes conocedoras de la negociación.
Sin embargo, la negociación no avanza de forma muy fluida. El Ejecutivo envió una primera propuesta muy esquemática este fin de semana, en la que se incluía la obligación de mantener el empleo y la prohibición de despedir y, ahora ha puesto sobre la mesa otra segunda propuesta pero en la que también mantiene esas dos líneas rojas. No se han movido de esa postura, lo que dificulta avanzar hacia un acuerdo, apuntan esas mismas fuentes.
Le interesa que se demore la solución
Los sindicatos y la patronal sí quieren llegar a un acuerdo -a poder ser, esta misma semana-, pero al Gobierno le interesa que no haya una solución sobre la mesa para los ERTEs que pueda ser utilizada por los partidos que no quieran apoyar una prórroga del estado de alarma. Mientras tanto, de cara al público, se escuda en que el diálogo social debe ser secreto para no hacer pública cuál es su propuesta para ampliar los ERTEs.
Entre otras cosas, porque le viene bien poder argumentar que si los partidos no apoyan la prórroga, todos los trabajadores afectados por ERTEs se quedarán desamparados, ya que en la actualidad el real decreto-ley por el que se aprobaron medidas de apoyo a este y otros colectivos están en vigor sólo mientras dure el estado de alarma.
De esta forma, puede reprochar a la oposición que es la culpable de haber dejado en la cuneta a estos trabajadores, cuando podía haber trabajado con anterioridad en una propuesta para los afectados por ERTEs una vez finalice el estado de alarma.
Los sindicatos se ven obligados a pedir la prórroga
Esta estrategia del Gobierno ha llevado incluso a los sindicatos a pedir directamente a los partidos que apoyen la prórroga.
"Llevamos tiempo negociando la adaptación de los ERTEs, más allá del estado de alarma. La idea es que acompañen la recuperación paulatina de la actividad económica. Pero hoy, más de 400.000 ERTEs y más de 3 millones de trabajadores dependen de la vigencia del estado de alarma", señalaba Unai Sordo, secretario general de CCOO, en su cuenta de Twitter.
UGT también ha dicho que sería una "irresponsabilidad" no aprobar la prórroga, porque teme que sin ella los ERTEs por fuerza mayor pasen a ser considerados por causas organizativas, económicas o productivas y sin beneficios en materia de cotizaciones sociales para las empresas.
El PP lo califica de chantaje
Ellos han estado trabajando en un acuerdo, pero esta relación directa entre prórroga del estado de alarma y ampliación de los ERTE ha sido impuesta por el Ejecutivo como herramienta de presión.
El presidente del PP, Pablo Casado, que al final probablemente se abstenga en la votación, considera que vincular los ERTEs con la prórroga es un "chantaje" y es "inmoral".
"Le estamos diciendo que no vincule el estado de alarma a las ayudas a millones de españoles que las necesitan porque sabe que no tiene por qué hacerlo", ha dicho Casado en declaraciones recogidas por Europa Press, para añadir que una vez que el Gobierno haya dejado de tomar a los españoles "como rehenes" podrán ver qué tipo de medida legal necesita para la 'desescalada'.
