Red Eléctrica verá suavizado el recorte de retribuciones acordado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y no solo por la rebaja que el regulador ha hecho sobre la propuesta inicial. Añadido a esto, el Gobierno ha aprobado incrementar un año la vida residual de las instalaciones previas a 1998, lo que supondrá para la compañía unos ingresos añadidos de unos 300 millones de euros en 2023, precisamente ese ejercicio extra.
La Dirección General de Energía y Minas le ha comunicado este jueves que ha aprobado incrementar en un año la vida residual de las instalaciones que obtuvieron la autorización de explotación antes de 1998, según ha explicado la empresa que preside Jordi Sevilla en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Según ha explicado en un hecho relevante la compañía, la Dirección General de Energía y Minas ha justificado la extensión en un año de la vida residual, que le permite seguir cobrando por amortización y retribución, en las actuaciones de renovación y mejora efectuadas por REE en el periodo 2015-2018.
La medida del Gobierno está respaldada por un informe favorable previo de la CNMC.
Un real decreto modificó en 2013 el modelo retributivo de las redes de transporte con puesta en servicio antes del año 1998 y estableció expresamente que a partir del año 2023 los activos anteriores a 1998 de REE dejarían de recibir ingresos por amortización y retribución, pasando a percibirlos sólo por mantenimiento.
Cambios normativos
En 2015, un nuevo real decreto modificó distintas disposiciones de anteriores reales decretos de retribución de redes eléctricas y recogió, en una disposición transitoria, el incremento de la vida residual de las instalaciones de transporte que hubieran obtenido autorización de explotación antes de 1998, si su titular ejecutaba planes de renovación y mejora hasta el 31 de diciembre de 2018.
De acuerdo con esta última norma, el valor de la vida residual podría incrementarse en el primer año del segundo periodo regulatorio, si se aportaba documentación auditada que acreditara que se habían llevado a cabo inversiones para la renovación y mejora de las instalaciones.
