La nueva Ley General de Telecomunicaciones aprobada por el Gobierno mantiene 'vivos' a los radioaficionados, una figura que tuvo su punto álgido en el siglo pasado y ha ido perdiendo adeptos con la democratización de las comunicaciones inalámbricas y, más concretamente, del teléfono móvil.
Con un sentido más romántico que práctico, este colectivo cuenta con más de 31.000 licencias en nuestro país -que no supone que todos sean usuarios regulares-, haciendo gala de una gran 'fidelidad' a este sistema de comunicación.
Un colectivo que seguirá pagando tasas, tal y como refleja la nueva Ley General de Telecomunicaciones, que viene a sustituir el texto aprobado en 2014. Los tiempos han cambiado mucho en ocho años y se hacía necesario incorporar nuevas tecnologías y conceptos, como el 5G o la ciberseguridad.
En el caso de los radioaficionados, es necesario que, para operar estaciones, se realice un examen de capacitación. Este examen implica unas tasas de 23,67 euros, tal y como refleja el texto de la Ley General de Telecomunicaciones, consultado por Vozpópuli. La norma anterior, fechada en 2014, también incluía la tasa, en este caso por un importe menor, de 22,98 euros.
El Gobierno exime a los mayores de 65 años
El Ejecutivo de Pedro Sánchez hace un guiño a los jubilados, guiño que no aparecía en la anterior Ley General de Telecomunicaciones. Deja en negro sobre blanco que los mayores de 65 años no tendrán que abonar nada por realizar el examen de capacitación.
"Estarán exentos del pago de la tasa de tramitación de autorizaciones individuales para el uso especial de dominio público radioeléctrico por radioaficionados aquellos solicitantes de dichas autorizaciones que cumplan sesenta y cinco años en el año en que efectúen la solicitud, o que los hayan cumplido con anterioridad, así como los beneficiarios de una pensión pública o que tengan reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100", destaca el documento.
'Tasa RTVE' y cuota del catalán: las claves de la nueva Ley
Hace más de un año el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital anunció que la ley audiovisual introduciría una disposición para permitir que la financiación del ente público se realizara con aportaciones de las plataformas y agentes del mercado audiovisual. Sin embargo, el texto aprobado mantiene las obligaciones de los operadores de telecomunicaciones "en tanto no entren en vigor las nuevas previsiones relativas a la financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española".
Por otra parte, y hasta ahora, la ley imponía a las televisiones tradicionales unas cuotas mínimas de horas de emisión de obra europea, incluidos unos porcentajes en lengua oficial y cooficiales del Estado.
Esa obligación se mantiene: un 51% para obra europea, de ello al menos la mitad (un 25,5% del total) en lengua oficial o cooficiales y, en el caso de la televisión pública, un mínimo del 15% de esa subcuota a obras en lenguas cooficiales (3,8% del total), teniendo en cuenta su peso poblacional y reservando, al menos, un diez por ciento para cada una de ellas.
