El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE, lo que era el antiguo INEM) no da abasto. "Está desbordado", reconocen fuentes gubernamentales, pero descartan dotarlo de más recursos económicos, de más equipos técnicos ni de más plantilla.
Los funcionarios del SEPE son los que están encargándose de gestionar las medidas económicas anunciadas por el Ejecutivo y, en concreto, el aluvión de solicitudes de empresas para activar Expedientes de Regulación de Empleo Temporal (ERTEs), que serán considerados por causa de fuerza mayor en caso de que la empresa haya tenido que despedir por el parón de actividad derivado del estado de alarma decretado el pasado sábado por el Gobierno.
Las empresas que quieren activar un ERTE se lo notifican al SEPE y, como novedad, sus funcionarios son ahora los encargados de tramitar todo, sin que el empleado afectado tenga que hacer nada. El plazo para activar el ERTE se reduce a cinco días. Ese trabajador recibirá información del SEPE explicándole que a partir de ahora cobrará una prestación que no computará de cara a cobrar el paro en el futuro y que seguirá cotizando a la Seguridad Social, aunque la empresa no tenga que asumir el pago de las cotizaciones.
"Si su relación laboral se ha visto suspendida por un ERTE, no tiene que solicitar cita previa con el SEPE. La gestión de su prestación se tramitará entre su empresa y el SEPE", explica el organismo para intentar frenar la oleada de consultas de trabajadores. Si los empleados necesitan solicitar cita previa por otra razón, pueden hacerlo a través de la web, y se les dará una cita telemática -ya que las oficinas están cerradas-.
De 20 a 70 gestiones al día por empleado
Las oficinas del SEPE están cerradas al público para evitar contagios, pero los trabajadores siguen acudiendo cada día y desde allí tramitan todas las solicitudes (no hay medios para teletrabajar). En algunas zonas, el volumen de llamadas o peticiones que tiene que gestionar cada día un funcionario ha pasado de ser de unas 20 a más de 70, según relata a Vozpópuli un trabajador del SEPE que no quiere identificarse.
Esta fuente confirma que las oficinas del SEPE están desbordadas y explica que en muchas de ellas falta personal desde antes de que estallara la crisis del coronavirus, dado que muchos funcionarios que trabajaban tramitando prestaciones por desempleo pidieron el traslado después de los años duros de la crisis -en los que tuvieron que dar la cara por parte de la Administración ante la sociedad más desfavorecida-.
"Los funcionarios del SEPE son junto a los de Servicios Sociales los que tuvieron que afrontar toda la desgracia social que se había generado, y tuvieron que enfrenarse a situaciones feas: amenazas de muerte, agresiones, etc... de personas que creían que somos nosotros los que decidimos quién tiene derecho a cobrar una prestación y quién no", relata.
Como no solucionen el tema del personal va a ser caótico, está crisis de empleo es más fuerte que la de 2008, porque va a ser de golpe y la otra fue paulatina"
Ahora, las oficinas tienen plazas vacantes y se encuentran con que deben afrontar un volumen de trabajo sin precedentes. Los funcionarios "trabajan a destajo y están al 300%", reconocen fuentes del Ministerio de Trabajo, pero admiten que no es el momento de hacer pruebas y transferir parte de la plantilla de otros organismos públicos.
Trabajadores del SEPE prevén que la crisis de empleo que se va a producir en los próximos meses será aún más grave que la que sufrió España después de la crisis de 2008, porque en esta ocasión todo el drama ha venido de golpe mientras que entonces se distribuyó en varios años.
El Gobierno tampoco tiene previsto ampliar la dotación económica, que es de 23,61 millones de euros al año, de los que 22,58 millones proceden de impuestos directos y cotizaciones sociales de trabajadores y empresas.
Se dispara el trabajo por los ERTEs
De la avalancha de ERTEs que están produciéndose en España, el SEPE sólo tiene que encargarse de los que son a nivel nacional (despidos en todo el territorio), mientras que se gestionan a nivel autonómico aquellos que afectan sólo a una Comunidad.
Aunque se entiende que la mayoría de los presentados serán por causa del coronavirus y, por ello, tramitados por causa de fuerza de mayor, los funcionarios del SEPE deben hacer un trabajo de vigilancia y asegurarse de que los ERTEs que presentan las empresas están justificados.
Por ejemplo, las empresas de restauración y comida rápida que pueden seguir sirviendo pedidos a domicilio no podrán hacer un ERTE que afecte al total de la plantilla, ya que el Ministerio entiende que aquellos empleados que trabajen en preparar los pedidos, tramitarlos y enviarlos siguen siendo necesarios y no pueden someterse a un ERTE de causa por fuerza mayor.
La Inspección vigila los ERTEs fraudulentos
Para evitar que este tipo de conducta fraudulenta llegue al SEPE, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha creado una Unidad de Gestión específica para afrontar la incidencia del Covid-19 en el ámbito laboral.
Esta unidad reforzará la actuación en materia de la prevención de riesgos, protegerá los derechos individuales y colectivos de los trabajadores que pudieran resultar ignorados o limitados consecuencia de esta situación, y se encargará de coordinar y unificar criterios en los informes que debe realizar la Inspección consecuencia de los ERTEs.
