España vuelve a tener abiertos todos los frentes en el Ciadi, el organismo de arbitraje dependiente del Banco Mundial, en relación con los cambios normativos relacionados con las inversiones en energías renovables. El Gobierno ha recurrido el último laudo emitido por el tribunal en el que condenaba al Estado a indemnizar con 64 millones de euros al fondo Masdar, radicado en Emiratos Árabes. Anteriormente, el Ejecutivo hizo lo propio con los dos primeros laudos, que también condenaban a España por las denuncias presentadas por los fondos Eiser y Antin.
El Estado acumula una treintena de casos ante el Ciadi por la denuncia de inversores internacionales ante el cambio de condiciones en la retribución a la inversión en el sector de las energías renovables. En su conjunto, la cantidad reclamada por parte de los demandantes asciende a algo más de 7.500 millones de euros.
Hasta ahora, el tribunal de arbitraje dependiente del Banco Mundial ha emitido tres laudos, que han estimado parcialmente las reclamaciones de los fondos.
España acumula una treintena de casos ante el Ciadi por la denuncia de inversores internacionales
La respuesta del Gobierno ha sido idéntica en todos los casos, con recursos que demorarán el final del proceso, dado que el Ciadi deberá confeccionar un nuevo tribunal que analice los nuevos argumentos presentados por las partes para decidir si ratifica su primer fallo o bien lo modifica.
Apoyo de un bufete
El primero de los recursos, contra el fallo por la denuncia de Eiser, fue presentado aún por el anterior Gobierno, liderado por Mariano Rajoy. En este caso, el Ejecutivo decidió contratar al despacho de abogados Curtis, Mallet-Prevost Colt & Mosle como refuerzo de la Abogacía del Estado para la defensa.
Por su parte, el Gobierno de Pedro Sánchez se ha encargado de recurrir los otros dos laudos del Ciadi aunque, en este caso, ha decidido encomendar la defensa de los intereses públicos en exclusiva a la Abogacía General del Estado.
Mientras terminan de dirimirse todos estos casos, el Gobierno cuenta con el respaldo de la Unión Europea, cuya Comisaría de Competencia se ha pronunciado contra las condenas del Ciadi al estimar que si España indemnizara a los demandantes por las menores retribuciones a las renovables incurriría en un caso de ayudas de Estado ilegales.
Fallos sin ejecutar
Por otra parte, los fondos que han obtenido el laudo favorable por parte del Ciadi están tratando de que se ejecuten las sentencias, pese a los recursos, acudiendo para ello a tribunales en EEUU. Lo cierto es que, hasta la fecha, el Gobierno español no ha tenido que hacer frente a ningún pago, pese a que la suma de los laudos en contra que hasta ahora se han emitido supera los 300 millones de euros.
Las denuncias ante los organismos internacionales contra España se centran tanto en los recortes a la energía solar y a la termosolar que el Gobierno aplicó a finales de 2010 como los acometidos posteriormente, durante la primera legislatura en la que el Ejecutivo estuvo encabezado por Mariano Rajoy.
