Las pymes y micropymes que tuvieran dificultades antes del 31 de diciembre de 2019 también podrán acceder a las ayudas del Gobierno creadas en el contexto de la covid-19, según ha podido confirmar Vozpópuli. Bruselas dio luz verde al Ejecutivo este pasado martes y la medida no se aplicará a las medianas y grandes empresas.
De esta forma, se abre el abanico a todas las pequeñas empresas, que podrán acceder a cualquiera de las ayudas puestas en marcha, ya sea mediante los programas gestionados por las comunidades autónomas o con el nuevo fondo que controlará Cofides y que aún no ha arrancado.
No obstante, seguirán estando excluidas las empresas que en el momento de la concesión de las ayudas estén sujetos a un procedimiento de insolvencia colectiva y no hayan recibido ayudas de salvamento o de reestructuración.
Hasta la fecha solo podían acceder a los fondos aquellas compañías que fueran solventes a 31 de diciembre de 2019 y todas las que se dedicaban al I+D. La Comisión Europea reconoce en la tercera enmienda del marco temporal que las micro y pequeñas empresas se han visto particularmente afectadas por la escasez de recursos causada por el impacto económico provocado por la pandemia y la medida tiene como objetivo garantizar la continuidad de la actividad en todos los sectores de la economía.
Los autónomos que tributan por estimación objetiva en el IRPF podrán recibir un máximo de 3.000 euros en ayudas, mientras que el resto de las empresas recibirán cuantías de entre 4.000 y 200.000 euros
Bruselas defiende haber dado este tipo de ayudas, sin tener en cuenta si la empresa estaba en crisis antes de la covid-19, ha tenido más efectos positivos que los negativos sobre la competencia y el comercio. Por lo tanto, esto sería extrapolable al resto de compañías.
El organismo europeo dio en marzo luz verde a los primeros 10.000 millones de euros en ayudas para pymes que ha puesto en marcha el Gobierno, pero advirtió de un posible riesgo sobre la competencia.
Toque de Bruselas al Gobierno
La Comisión Europea cree que las nuevas garantías para la deuda de las pymes refuerza la posición competitiva de las empresas que las reciban, lo que puede provocar cierta desigualdad e incluso podría llegar a afectar al mercado de la Unión Europea.
Bruselas se refiere con esto al segundo fondo de 3.000 millones de euros que se destinará a avales para reestructurar deuda y por el que el Gobierno se enfrentó al sector bancario por la complejidad del asunto y por el temor de que el Ejecutivo obligará al sector a realizar quitas obligatorias.
El Gobierno también ha comprometido otros 7.000 millones de euros, pero estos se darán en ayudas directas a pymes y trabajadores autónomos y estarán gestionadas por los gobiernos regionales.
Respecto al número de beneficiarios, el Ejecutivo no ha querido dar una cifra, solo ha dicho que espera "llegar a las empresas viables" y "cubrir el amplio espectro de empresas que se han visto más afectadas por la covid, con especial atención a los territorios que se han visto más perjudicados".
Los autónomos que tributan por estimación objetiva en el IRPF podrán recibir un máximo de 3.000 euros en ayudas, mientras que el resto de las empresas recibirán cuantías de entre 4.000 y 200.000 euros. Las ayudas cubrirán como máximo un 40% de la pérdida de ingresos para autónomos y micropymes -de menos de 10 empleados- y del 20% en el caso del resto de empresas.
