El Gobierno contempla aprobar antes de que acabe el año un real decreto para subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de los 900 euros en los que está fijado desde 2019 hasta los 1.000 euros, una medida que podría sacar adelante mediante real decreto (sin necesidad de recurrir a un real decreto-ley) y que, por ello, podría aprobar estando en funciones.
Según han confirmado fuentes del Ministerio de Trabajo a Vozpópuli, Pedro Sánchez baraja utilizar esta vía para aprobar la subida del SMI en caso de que no consiga ser investido antes del próximo 23 de septiembre, algo que podría hacer antes de que se celebren elecciones o bien después, en caso de que él sea el más votado y no le de tiempo a formar Gobierno antes de 2020.
El hecho de que el SMI pueda modificarse por real decreto, un reglamento con rango inferior a ley y que proviene del Consejo de Ministros basándose en las competencias que la Comisión Europea le atribuye, en lugar de necesitarse un real decreto-ley (que sí tiene rango de ley, se adopta por el Ejecutivo en caso de extraordinaria y urgente necesidad, y debe ser convalidado por el Congreso de los Diputados), permitiría al Ejecutivo aprobarlo estando en funciones, según fuentes ministeriales que sostienen que queda mucho tiempo hasta diciembre.
El Ejecutivo públicamente ha señalado, sin embargo, que hay otras cuestiones que no puede abordar estando en funciones, como la subida de la previsión de crecimiento. La ministra de Economía, Nadia Calviño, afirmaba esta semana que hasta que el Ejecutivo no remita a Bruselas el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado de 2020 no procederá a hacer la actualización del cuadro macroecónomico.
La subida del SMI, que previsiblemente será de los 900 euros actuales a 1.000 euros, iría acorde con lo pactado por los agentes sociales en el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, que firmaron los sindicatos y la patronal el 5 de julio de 2018 y en el que se comprometían que el SMI subiera de forma progresiva hasta los 14.000 euros anuales (1.000 euros al mes) desde entonces y hasta el año 2020.
Una subida del 36% en dos años
Sánchez aceleró este progreso de subidas el año pasado cuando aprobó el 21 de diciembre de 2018 en el Consejo de Ministros que se celebró en Barcelona la subida del SMI de los 735,90 euros al mes que se cobraban en 2018 hasta los 900, lo que supuso una subida sin precedentes del 22,3%, la mayor de la historia en un solo año, y que suscitó críticas de muchos organismos como el Banco de España, que auguraron que la medida provocaría una destrucción de empleo.
Una potencial subida de 900 a 1.000 euros para 2020, supondría un incremento del 11% respecto a este año y del 36% en dos años.
El Ministerio de Trabajo ha explicado de forma reiterada que el objetivo es cumplir con la Carta Social Europea, ratificada por España en 1980, que dispone que la cuantía del salario mínimo sea el 60% del salario medio de cada país.
Según los últimos datos divulgados por la Encuesta Anual de Estructura Salarial del INE, del año 2017, el salario medio se sitúa en España en 23.646 euros al año, con lo que el 60% de esa cantidad sería 14.187 euros (1.013 euros al mes).
Posible destrucción de empleo
Todavía son inciertos los efectos que ha tenido la subida del SMI en 2019 en el mercado laboral, que en agosto ha mostrado importantes señales de ralentización.
El Banco de España pronosticó a principios de año que la medida provocaría una destrucción de 125.000 empleos y la advertencia le costó una disputa con el Ejecutivo, que le acusó de alarmista y tras dos buenos trimestres de datos del mercado laboral le pidió que se disculpara públicamente por su desacertada previsión. El supervisor defendió entonces que no se puede conocer si la medida ha tenido el efecto previsto hasta que cierre el año y se conozcan todos los datos, algo en lo que le ha dado la razón el Ejecutivo.
Por su parte, los expertos del área de Research de BBVA han augurado que la subida del SMI tendrá un impacto sobre todo en ciertos colectivos más vulnerables (como las mujeres, los jóvenes, los extranjeros, los menos cualificados, los contratados a tiempo parcial, los temporales y quienes trabajan en empresas de menor tamaño y poco competitivas) y ciertas comunidades autónomas en las que el SMI tiene más presencia entre los asalariados.
Lo que no se puede hacer en funciones
Entre las cosas que el Gobierno no puede hacer estando en funciones figura la transferencia de las entregas a cuentas que las Comunidades Autónomas necesitan para cuadrar sus presupuestos, según dejó claro hace dos semanas la Abogacía del Estado, ni tampoco puede afrontar la revalorización de las pensiones.
Actualmente, el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) que introdujo el Gobierno del PP en el año 2013 sigue vigente en la legislación y estipula que, mientras la Seguridad Social se encuentre en situación deficitaria, las pensiones públicas sólo subirán un 0,25% cada año.
En los últimos cuatro ejercicios, los Gobiernos han tenido que aprobar anualmente un real decreto-ley por que el que aprobaban que de forma excepcional en el siguiente ejercicio el IRP no tendría efecto y que, en su lugar, se utilizaría la inflación (el IPC real) para revalorizar las pensiones. Se utilizaba este sistema anualmente a la espera de que el Pacto de Toledo incluyera entre sus consensuadas recomendaciones la necesidad de derogarlo definitivamente.
Sin embargo, dado que el Pacto de Toledo puso fin a su andadura de forma abrupta y luego se celebraron las elecciones, el Gobierno no llegó a aprobar estando en Moncloa en plenas funciones el real decreto-ley necesario para garantizar una subida con el IPC de las pensiones en el año 2020.
Por ello, salvo que se identifiquen vías legislativas alternativas, por el momento el Ejecutivo no dispone de herramientas para garantizar que el próximo año las pensiones subirán de acuerdo a la inflación.
