Los acuerdos alcanzados a comienzos del pasado mes de octubre entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, con vistas a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 destacaban por su notable y ambicioso componente en materia energética, en el que se incluían tomar medidas para reducir el precio de la luz y acabar con las retribuciones a las eléctricas por la producción a partir de determinadas tecnologías. Sin embargo, será difícil que se cumplan. Al menos, las medidas aprobadas este viernes por el consejo de ministros no lo hacen posible.
Además de los PGE, el Gobierno también ha aprobado un Real Decreto Ley para formalizar el retorno de una serie de atribuciones a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que le corresponden como organismo regulador y que le habían sido arrebatadas por el anterior Ejecutivo. Entre ellas, se encuentra la aprobación de los peajes de acceso a las instalaciones por parte de terceros, prácticamente el único punto en el que el Gobierno podría tener alguna intervención para forzar una corrección a la baja de los precios de la luz.
Los peajes forman parte de la parte regulada del recibo, junto con otros elementos como los costes de las extrapeninsulares y las primas a las renovables. Otra de las patas es la fiscal aunque, como admitió en sede parlamentaria la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, el Gobierno tampoco tendría exactamente las manos libres en este punto ya que precisa un consentimiento que Bruselas difícilmente presta.
En la parte no regulada, el mercado mayorista de la electricidad es el que fija los precios, con un sistema marginalista que es compartido por la práctica totalidad de países miembros de la Unión Europea y que, como también reconoció la ministra, España debe compartir con el resto de sus socios.
Margen de intervención inexistente
De esta forma, el margen de maniobra del Ejecutivo para intervenir en el coste del recibo de la luz es prácticamente inexistente a partir de que la CNMC recupere unas competencias que, no obstante, deberán estar alineadas con la política energética que se diseñe en cada caso desde Moncloa. Precisamente, la pérdida de estas competencias motivó que Bruselas amenazara a España con una multa, al entender que esta pérdida de peso por parte de un regulador independiente iba en contra de la normativa comunitaria. La acusación por parte de las autoridades europeas se basaba en una incorrecta trasposición de directivas.
Pero además, la CNMC también deberá aprobar las retribuciones por la producción energética, otro de los puntos que se indicaba en el acuerdo Sánchez-Iglesias. En concreto, el pacto apuntaba a la supresión absoluta de estos pagos en lo referente a las centrales nucleares e hidroeléctricas, bajo la premisa de que su coste había sido sobradamente amortizado.
El acuerdo aludía directamente a lo que se ha venido en llamar "beneficios caídos del cielo", con los que los firmantes del pacto pretenden acabar. En su día, el sector reaccionó negando que las mencionadas plantas estuvieran amortizadas en su totalidad (pese a que algunas se encuentran próximas al fin de su vida útil) y señalando que no sólo había que tener en cuenta el coste de la construcción de las centrales sino también las sucesivas y costosas inversiones realizadas a lo largo del tiempo.
Estas partidas habría ido a parar al correcto mantenimiento y su adecuación a las nuevas y exigentes normativas de seguridad, especialmente en lo que se refiere a las nucleares.
Reacción en contra del sector
El asunto fue mencionado incluso por los principales ejecutivos de las empresas en las conferencias que mantienen con analistas con motivo de la presentación de resultados. Sin ir más lejos, José Bogas, consejero delegado de Endesa, negó la existencia de beneficios caídos del cielo mientras que el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, acusó a los políticos de no tener información completa sobre la realidad económica de las centrales.
Con este escenario, la supresión de estas retribuciones se antoja del todo quimérica, lo que deja la práctica totalidad del contenido energético del pacto presupuestario entre el Gobierno y Unidos Podemos en papel mojado.
El secretario de Organización y Acción de gobierno de Podemos, Pablo Echenique, valoró en un primer momento positivamente el contenido del borrador tras reunirse con la ministra de Hacienda María Jesús Montero, pero más tarde recalcó que existen hasta once puntos en los que el Ejecutivo de Sánchez incumple el pacto presupuestario sellado por Iglesias en octubre en La Moncloa.
"Todas las cuestiones que tenían que ir en el proyecto de Ley de Presupuestos van, y eso es importante porque había partidas significativas", recordó este viernes la ministra de Hacienda durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Los morados no se conforman con la declaración de intenciones de Montero y en las últimas horas han redoblado sus amenazas. Si el Gobierno no rectifica y garantiza el cumplimiento de todas las medidas incluidas en el pacto presupuestario, no apoyarán las cuentas de 2019, lo que abocaría a un escenario de posible adelanto electoral.
En concreto, reclaman al Ejecutivo que plasme en un documento los plazos concretos, la fórmula legislativa y el eventual coste para las arcas públicas de las medidas que quedan al margen de los PGE. Si no existe esa hoja de ruta, el respaldo parlamentario al Ejecutivo socialista se quedará en los 84 diputados del PSOE.
Al margen de la regulación del mercado eléctrico para bajar la factura de la luz, los morados insisten en que el Ejecutivo no ha cumplido su promesa de aprobar medidas para la limitación de los precios de los alquileres, que no se incluyó en el decreto de vivienda aprobado por el Gobierno en diciembre. Tampoco está recogido en ningún sitio la necesidad de garantizar por ley la actualización de las pensiones al IPC; o la bajada de las cuotas a los autónomos que menos ingresan.
