El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la compra del 10% de las acciones de Telefónica. Lo hará a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), tal y como ha informado la sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

En el caso de que se alcanzara este porcentaje, el Ejecutivo se convertiría en el mayor accionista del grupo, por delante de dos socios históricos, como Caixabank y BBVA. Todo ello, se produciría en un momento de tensiones geopolíticas en el que SEPI también es el principal socio capitalista de Indra.

Tal y como contó Vozpópuli la semana pasada, la operadora de telecomunicaciones era consciente de que la entrada de capital público en su accionariado iba a ser inminente. Lo hará, además, con "vocación de permanencia", según ha detallado al supervisor de los mercados. "La participación de SEPI permitirá proporcionar a Telefónica una mayor estabilidad accionarial para que la compañía alcance sus objetivos y, por ende, contribuirá a la salvaguarda de sus capacidades estratégicas", añade el hecho relevante que se ha difundido en la tarde de este martes.

Además, ha apuntado: "Telefónica es una compañía líder en el ámbito de las telecomunicaciones tanto en España como en el plano internacional. Desarrolla un conjunto de actividades que resultan de crucial relevancia para la economía, el tejido productivo, la investigación, la seguridad, la defensa y, en definitiva, el bienestar de los ciudadanos".

El valor bursátil del grupo presidido por José María Álvarez-Pallete asciende actualmente a 20.500 millones de euros. Por lo tanto, la inyección de dinero público que sería necesaria para completar esta operación ascendería a 2.500 millones.

El Estado podrá solicitar además presencia en el Consejo de Administración de la compañía, al igual que ocurre en otras compañías participadas. En este caso, podría reclamar un asiento. Telefónica era 100% privada desde 1997. Por tanto, 26 años después el Estado volverá a formar parte de su lista de socios.

La maniobra saudí

Es importante recordar los últimos acontecimientos que han rodeado a Telefónica para entender esta operación. A ellos se hizo referencia este lunes durante el desayuno de Navidad que convocó el grupo, en el que alguno de sus responsables reconocía que la compañía no había sido consciente del interés de Arabia Saudí por entrar en el accionariado hasta el 5 de septiembre, cuando se conoció la operación.

Lo hizo a través de Saudi Telecom (STC) y, en concreto, con el 4,9% de las participaciones y con la opción de adquirir en el futuro otro 5% del grupo a través de derivados.

Esa operación dejó varias preguntas en el aire, entre otras, el motivo por el cual los árabes tenían interés en la compañía española, que no ha sido aclarado por ninguna de las partes. Hay que tener en cuenta que Telefónica gestiona infraestructuras críticas y es contratista en ámbitos tan sensibles como el de Defensa, de ahí que la aparente falta de respuestas generara inquietud en Moncloa y en la propia telco.

En este contexto, el Consejo de Ministros ha tomado una decisión que se daba por supuesta desde hace unas semanas, y es su intención de entrar en el capital de Telefónica. Lo hará además con hasta un 10% de las participaciones. Es decir, el doble del que estimaron varios medios de comunicación.

A partir de ahora, está por ver la presencia que SEPI tendrá en el Consejo de la teleco y la identidad y la posible beligerancia del vocal que designe el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

A la espera de los posibles movimientos que puedan producirse en las próximas semanas, José María Álvarez-Pallete convocó la semana pasada a su órgano de gobierno y se acordó una medida relevante. Fue la de 'impulsar' la dimisión de los vocales Juan Ignacio Cirac Sasturain y Peter Erskine poco antes de que finalizara su mandato para sustituirlos por Solange Sobral –que ya era consejera en Brasil- y del empresario Alejandro Reynal.

Fuentes internas explicaron que esta maniobra estratégica permitirá a Álvarez-Pallete mantener el control del Consejo ante las posibles acciones hostiles o propuestas inesperadas que propongan los nuevos accionistas.

Más allá de estos movimientos, cabe recordar que en la próxima Junta General de Accionistas deberán renovar como consejeros el vocal dominical de Criteria –Isidro Fainé-, José Javier Echenique –vicepresidente y coordinador-, Peter Löscher –independiente-, Verónica Pascual –independiente- y Claudia Sender –independiente-.

Todo puede pasar en los meses, máxime ante la incertidumbre que genera el posible crecimiento en el accionariado de dos nuevos socios, uno público y otro privado (aunque en realidad controlado por la monarquía saudí). Sin embargo, en el grupo se estima que el grueso de ellos serán propuestos para su renovación, lo que ayudará a mantener cierta estabilidad en este órgano, pase lo que pase.

La compañía de telecomunicaciones celebrará en 2024 su centenario y lo hará en su momento más convulso de la última década. Primero, por el Expediente de Regulación de Empleo que negocia actualmente con los sindicatos, que afectará a alrededor de 4.000 trabajadores de Telefónica España. Pero también por la llegada de nuevos accionistas significativos a la empresa que dispondrán de voto y que también podrían reclamar voz.

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