Si algo han repetido una y otra vez los mayores expertos en pensiones estos meses es que las reformas de 2011 y 2013 aseguraban la viabilidad del sistema en el futuro. La combinación de los dos cambios iba a contener el fuerte aumento del gasto que provocará el reto demográfico y a hacer viable uno de los mayores pilares del estado de bienestar español. Pero hoy esta afirmación está en entredicho.
El Gobierno ha llegado a un acuerdo con el PNV para salvar el Presupuesto que pasa por anular de facto la reforma de 2013, la que elaboró ese mismo Ejecutivo hace ya más de cuatro años y que se basa en dos pilares: el índice de revalorización que sustituyó al IPC y el factor de sostenibilidad que pretende ligar las pensiones a la esperanza de vida.
El acuerdo sellado con PNV horas antes del debate de totalidad del Presupuesto suspende temporalmente el nuevo índice de revalorización, vuelve al IPC y retrasa cuatro años la entrada en vigor del factor de sostenibilidad, hasta 2023. Eso asegura al Ejecutivo una legislatura entera sin aplicar su propia reforma. Y el que venga después, que decida.
Una reforma muerta
Los expertos consultados por Vozpópuli dan casi por muerta la reforma. Ven complicado que, después de este paso atrás, cualquier Gobierno se atreva a retomarla. El IRP está casi sentenciado, ahora que hay acuerdo en el Pacto de Toledo para redactar un nuevo índice. Y el retraso del factor de sostenibilidad genera problemas de credibilidad y abre la puerta a nuevos retrasos en el futuro.
Y todo para sacar adelante el Presupuesto. Lo cierto es que el Gobierno de Mariano Rajoy se la juega con estas cuentas porque las que vienen para 2019 tendrán que ser mucho más duras. Asegurarse el Presupuesto en 2018 abre la vía de una posible prórroga el año que viene, ejercicio en el que podrían volverse a convocar las elecciones generales.
El Gobierno necesita asegurarse el Presupuesto para tener abierta la vía de la prórroga en 2019
¿Compensa esto al Gobierno? Hay motivos para pensar que así es. España saldrá del déficit excesivo este mismo año y lo que viene después no será fácil. Bruselas empezará a pedir mayores ajustes para volver al equilibrio presupuestario y desviará la lupa hacia la deuda pública, un parámetro que sigue desbocado y que acabará 2018 en un nuevo máximo histórico.
Ya lo dijo la Autoridad Fiscal hace solo una semana: si España hubiera dejado atrás este procedimiento tendría que haber hecho un ajuste de unos 15.000 millones este mismo año y no un Presupuesto expansivo como el que ha planteado el Gobierno. En este contexto, no parece tan negativo el hecho de que España sea el único país europeo en este procedimiento.
Y para conseguir dar luz verde a las cuentas, el Gobierno necesitaba al PNV. Mucho se ha especulado sobre lo que iba a pedir la formación vasca a cambio, pero al final ha centrado en no perder a los votos de los pensionistas, que llevan semanas saliendo a la calle reclamando pensiones más dignas. Curiosamente, uno de los focos más potentes de las últimas manifestaciones se ha localizado en Bilbao. Muerto el perro, se acabó la rabia.
