Los procesos de remunicipalización pueden tener consecuencias penales si se realizan sin la diligencia necesaria. Así lo tiene claro Gonzalo Bernardos que cree que "tanto la remunicipalización como la adjudicación irregular puede causar problemas si no se hace bien". El motivo es que ahora es "un tiempo nuevo, y las obligaciones de las administraciones públicas al construir una concesión son mucho más complejas".

Durante la presentación del libro en el que ha participado: 'El interés general y la excelencia en los servicios públicos', Bernardos ha destacado como alugnos gobiernos de los llamados 'ayuntamientos del cambio' han visto como los procesos de remunicipalización han sido más complejos de lo esperado. Y más que lo serán a partir de ahora dado que con la última reforma legislativa desaparece la posibilidad de 'rescatar' un servicio público aludiendo al interés público o con argumentos poco elaborados.

Con la nueva ley, la administración tendrá que argumentar que puede hacer el servicio mejor y no más caro. Desaparece el rescate por decisión libre de la administración invocando al interés público. "El interés público era un cajón de sastre donde se metía cualquier cosa", ha asegurado a Vozpópuli.