El índice de revalorización que introdujo el PP en la última reforma del sistema de pensiones está en boca de todos. Su aprobación en 2013 fue polémica y hoy en día sigue enturbiando las negociaciones sobre pensiones. Todos los partidos, salvo el PP, creen que habría que modificarlo porque va a hacer que las pensiones estén cuasicongeladas durante años. Algunos como Ciudadanos, PNV y PDeCAT sólo quieren suavizarlo, y otros como PSOE y Unidos Podemos quieren directamente derogarlo y volver al IPC. El PP, de momento, se niega a cualquier cambio.
Esto es precisamente lo que pudimos ver en el debate sobre pensiones que se celebró el miércoles en el Congreso de los Diputados, donde los partidos no se movieron ni un centímetro de las posturas que llevan meses defendiendo. El presidente, Mariano Rajoy, fue tajante y dijo que en ningún caso rectificaría su reforma. A su parecer, el IPC está anticuado y el índice actual ayudará a volver al equilibrio. Además, no obliga a subir las pensiones el mínimo que marca la ley, siempre se pueden mejorar si hay margen para hacerlo.
¿Cómo funciona este índice? Es una fórmula complicada que tiene en cuenta varios factores como los ingresos del sistema, el número de pensiones en vigor, la variación interanual de la pensión media sin revalorización, los gastos del sistema y el parámetro de velocidad de corrección del desequilibrio estructural entre ingresos y gastos. Pero teniendo en cuenta diferentes medias de estos mismos valores durante años y arrojando como resultado una fórmula que resulta un tanto difícil de comprender.
Los topes del IRP han evitado recortes en las pensiones en estos años
Si la fórmula se aplicara sin más, podría implicar recortes en las prestaciones en las épocas de vacas flacas y subidas desproporcionadas en las de bonanza. Para evitar esto, el PP decidió toparlas por arriba y por abajo. Fijó un mínimo del 0,25% y un máximo que equivale a la variación porcentual del IPC en el periodo anual anterior más 0,50%.
Como el sistema lleva ya años en déficit, las pensiones han subido el mínimo que fija la ley desde que la fórmula entró en vigor hace cuatro años. Si el Gobierno no hubiera decidido introducir esos topes, las pensiones tendrían que haber caído alrededor de un 3% cada año desde 2014. Es la estimación que realizó la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) cuando emitió su última opinión sobre este índice.
Ajuste más lento
Y seguirían cayendo en el futuro, puesto que el sistema seguirá en déficit durante años y las pensiones se actualizarán solo el mínimo que fija la fórmula. Según la Autoridad Fiscal, esto ocurrirá al menos hasta 2022. El Banco de España va un poco más lejos y asegura que las prestaciones seguirán cuasicongeladas hasta finales de la próxima década.
Eso sí, al limitar la caída de las pensiones, los topes también hacen más lento el ajuste del saldo de las cuentas de la Seguridad Social. Por ejemplo, para el periodo 2017-2020, el Gobierno se había fijado una mejora de 1,1 puntos en términos acumulados y el ajuste que proporciona el índice de revalorización hacia 2020 acumula solo 0,7 puntos.
¿Habría que modificar el índice como dicen casi todos los partidos? Parece complicado teniendo en cuenta la maltrecha situación de las cuentas. Además, no hay que olvidar que el Gobierno siempre puede ir más allá del mínimo del 0,25% que fija la fórmula si tiene recursos para hacer y sin necesidad de dar marcha atrás en la reforma.
El Gobierno tiene varias vías para mejorar las pensiones sin dar marcha atrás en la última reforma
Eso es precisamente lo que va a hacer con las pensiones mínimas, que probablemente actualizará en línea con el IPC en 2018 para intentar relajar el debate sobre las pensiones. En el futuro y si las cosas siguen mejorando, el PP podría ir subiendo todas las prestaciones por encima del 0,25%. O también puede aligerar los gastos del sistema avanzando en la separación de fuentes para que la fórmula permita una subida mayor de las pensiones.
Lo que está bastante claro es que tiene opciones para plantear mejoras a los pensionistas sin derogar o modificar su última reforma, algo que podría verse de forma muy negativa desde Bruselas, que celebró el cambio de Rajoy en 2013 y que sigue pidiendo cambios al Gobierno que aseguren la sostenibilidad de la Seguridad Social.
