El término corralito lo inventó un periodista, Antonio Laje, e hizo fortuna. Argentina, en diciembre de 2001, impuso una serie de medidas para restringir la libre circulación de capitales, que se fugaban a Estados Unidos ante la depreciación del peso. La crisis era bárbara y venía de lejos, aunque se había acuciado pocos meses antes con el estallido de la burbuja de las puntocom. El presidente, Fernando de la Rua, consideró que su única opción era restringir en lo posible los movimientos económicas. Los argentinos no podían sacar más de 250 dólares a la semana y las transferencias al exterior quedaban bajo supervisión del banco central.
Argentina tuvo la más recordada de todas las crisis bancarias, los bonaerenses cruzaban a Montevideo para dejar su dinero en las entidades uruguayas (aquellos movimientos derivaron en otra crisis económica), las calles se llenaban de manifestantes y gobiernos como el de Rodríguez Saá duraban poco más de una semana. La situación aunque se fue mitigando con el tiempo, con el cambio al conocido como “corralón”, solo se cerró completamente un año después.
No es Argentina el primer caso de control de capitales por parte del estado, pues esto es tan antiguo como la propia existencia de sistemas bancarios. De hecho, después de la II Guerra Mundial, lo habitual era que el estado tuviese un férreo control del sistema monetario. Los acuerdos de Bretton-Woods marcaron la política económica mundial durante años y en ellos se contemplaba el control de las divisas. Ya en los años setenta la idea de libre mercado comenzó a establecerse como dogma por la mayor parte de los economistas, que poco a poco convencieron a los diferentes gobiernos, así como al Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, para favorecer la globalización. Estas dos últimas organizaciones se convirtieron en los apóstoles de ese sistema económico en el que el dinero fluye sin barreras ni controles.
El FMI, principal apostol de la libre circulación, llegó a sugerir a Islandia que controlase el flujo de capitales
La idea de la libre circulación de capitales funciona bien siempre y cuando no se caiga en una crisis económica que pueda poner en duda el sistema entero. Ese fue el caso de la crisis del sudeste asiático a finales de los años 90. India y China, que nunca habían dejado de controlar sus divisas, la capearon medianamente bien, pero los tigres del sudeste asiática, de lleno en un juego de capitalismo agresivo que había disparado sus economías, se vieron en el borde del precipicio. Malasia decidió en 1998 un férreo control de capitales que afectaba, especialmente, a la salida de capitales del país, limitada a 10.000 rinngits. Poco después, una mejoría en su economía.
Muchos expertos no creen que fuese aquel movimiento el que cambió todo, ya que en la misma época Corea del Sur y Tailandia, que nunca restringieron los movimientos bancarios, también empezaron a experimentar mejoras en sus finanzas. El caso malasio, como el argentino, eran excepciones dentro de una regla mundial aceptada por todos en la que nadie ponía en duda el libre flujo del dinero.
La crisis de 2008
La vida siguió igual, con la concepción de que el control de capitales era lesivo para la economía, hasta que llegó la gran crisis financiera de 2008. El sistema bancario mundial fue puesto en solfa, pero algunos países estaban especialmente expuestos a los problemas derivados de esa crisis. Era el caso de Islandia, cuyo sistema bancario estaba sobredimensionado y tenía un peso excesivo en las cuentas del país. Los años anteriores el país vivió una serie de desregulaciones que hicieron de la isla del Atlántico uno de los destinos más atractivos para las finanzas mundiales. Era su mayor industria nacional. Los bancos Landsbanki, Kaupthing y Glitnir estaban casi en quiebra cuando el Fondo Monetario Internacional, quizá la institución que más ha abogado siempre por el libre flujo de capitales, recomendó al gobierno islandés que cerrase sus puertas e impusiese controles financieros. Las transacciones internacionales fueron cortadas, los bancos nacionalizados y los efectos de aquel tsunami aún se mantienen en la economía islandesa.
Chipre y Malasia pasaron dos años de corralito, Argentina uno; salir requiere tiempo
De todos modos, si hay un corralito similar al que está sufriendo Grecia, ese es el de Chipre en 2013. La crisis fue dura en la isla mediterránea, primero por sus vínculos con el país heleno, el más castigado en la eurozona, y también porque su sistema financiero funcionaba como un paraíso fiscal en el que entraban grandes cantidades de divisas, sobre todo rusas. La Eurozona aceptó un rescate de 10.000 millones de euros a cambio de que la fiscalidad chipriota cambiase. La Troika decretó un cambio profundo en las leyes bancarias del país como contrapartida al dinero del rescate, pensando en términos económicos, sí, pero también geopolíticos, pues había un miedo creciente a que las divisas rusas terminasen siendo un virus troyano para toda la eurozona. Además, se esperaba una fuga masiva de capitales al entrar en vigor las nuevas tasas, por lo que se decidió cortar el flujo del dinero y solo dejar a los consumidores sacar 300 euros diarios. Solo en abril de este año Chipre salió definitivamente de las medidas impuestas. Han sido casi dos años de corralito, aunque con el tiempo este tipo de políticas dejan de chocar y pasan a ser una cuestión común en el día a día.
Argentina pasó un año entero en su corralito, Chipre se fue a dos, Malasia fue modificando poco a poco sus criterios y solo volvió completamente a la libre circulación dos años después… Lo de Grecia será cuestión de tiempo, de mucho tiempo, pues los corralitos no son medidas de un día para otro sino cambios en el paradigma. Los próximos años Grecia, como lo ha sido Chipre, no dejará de ser una excepción en el sistema monetario europeo.
