El Gobierno tiene prisa en repartir entre las comunidades autónomas 500 millones de euros de los fondos europeos Next Generation EU para el autoconsumo eléctrico, tanto para generación como para almacenamiento. Esta cuantía se captó en la adenda al Plan de Recuperación que presentó el Gobierno y se suma a los 2.000 millones ya destinados a esta partida en el proyecto inicial.
Fuentes solventes informan de que el Ejecutivo necesita cerrar estas transferencias a las comunidades antes de que acabe el año para cumplir con Bruselas, pero se ha encontrado con que una docena de regiones gobernadas por el Partido Popular se niega a solicitar estos fondos si no pueden ejecutarlos con "garantías".
Galicia, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Murcia, La Comunidad Valenciana, Aragón, Canarias, Extremadura, Baleares, Madrid y Castilla y León han firmado una carta conjunta, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, en la que denuncian "la falta de consideración y valoración exhaustiva de las medidas que han propuesto, diseñadas para garantizar que los fondos lleguen de manera efectiva a los ciudadanos y empresas".
El pasado 14 de noviembre las CCAA del PP pidieron que, antes de aceptar los fondos, se introduzcan criterios más flexibles para que puedan destinar el dinero a los programas con alta demanda, se racionalice la información, reduciendo la carga documental y habilitando un mayor número de consultas telemáticas, se avance hacia un sistema de costes simplificados para la justificación de las ayudas, y se eliminen duplicidades en el suministro de información.
"Siendo el Gobierno el responsable del diseño de los programas, de las bases reguladoras de las ayudas y del procedimiento, así como de las herramientas informáticas de gestión de los programas, las CCAA nos encontramos con la imposición de un diseño y una carga documental que hace inviable la gestión de los fondos", explican los gobiernos regionales populares.
Intercambio de propuestas
El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) presentó una propuesta el pasado 4 de diciembre en una "reunión técnica poco o nada fructífera" para las CCAA del PP y que, según dicen, queda "lejos del nivel de cambio necesario para asegurar una ejecución efectiva de estos fondos". "Plantean unas medidas que no son de simplificación, ni de mejora, ni responden en modo alguno a lo propuesto en nuestro escrito", señalan los populares.
"Queremos reiterar enfáticamente que no es nuestra intención renunciar a estos fondos. Nuestro objetivo es aceptarlos cuando existan las garantías necesarias para asegurar que cada euro asignado realmente cumpla su propósito", aseguran. "Es fundamental abordar estas problemáticas y avanzar hacia una reunión de trabajo que permita encontrar soluciones concretas para agilizar la ejecución de estos fondos, asegurando su efectiva distribución entre nuestras empresas y ciudadanos", añaden.
"Ahogan en un mar de burocracia a ciudadanos y empresas"Gobiernos autonómicos del PP
En definitiva, lo que piden las CCAA es modificar las bases con las que están diseñados los programas, que consideran "ineficaces, tediosos e inalcanzables", pues "ahogan en un mar de burocracia a ciudadanos y empresas" y "esa carga burocrática está impidiendo que el dinero llegue a sus destinatarios finales". Además, se quejan de que la nueva aplicación informática CoFFEE, ideada por el Ministerio de Hacienda para centralizar la información de ejecución, "no hace más que empeorar la situación".
La consecuencia de la acción del Gobierno, según las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, es que "programas como la instalación de paneles solares para el autoconsumo están llegando con retraso a los destinatarios finales, lo que desincentiva y tiene poca capacidad de transformación real de la economía, que es lo que pretendían los fondos".
En uno de los escritos ponen el ejemplo de Valencia, "que habiendo tenido un volumen de solicitudes muy alto (por importe de más de 200 millones), no pidió la segunda ampliación". También citan el caso de Extremadura, con una "pésima" ejecución, habiendo concedido el 23% de los fondos de autoconsumo. En este sentido, los doce consejeros que firman el escrito insisten en que "las soluciones para simplificar y flexibilizar la ejecución de los fondos pueden ser implementadas de manera pronta y dependen en gran medida de la voluntad política".
