El Ministerio de Hacienda está preparando un impuesto a grandes fortunas que se basa en la propuesta de ERC que la ministra consideraba ilegal. Se trata de una fórmula que recentraliza el Impuesto de Patrimonio, con la particularidad de que este nuevo impuesto se compensa con lo que cada comunidad grave en Patrimonio. Las autonomías que tengan Patrimonio por debajo de este nuevo impuesto, deben pagarlo, con la diferencia entre lo que graven y lo que proponga el Estado, pero no las que lo tengan por encima. De esta forma se intenta atacar el efecto de atracción de contribuyentes de las comunidades del PP. Así, las que tienen el Impuesto de Patrimonio bonificado al 100%, como Madrid y ahora Andalucía, deberán pagar el nuevo impuesto por completo, mientras que las que tienen Patrimonio alto, Asturias, Aragón, Extremadura o Cataluña, no lo pagarán.
Pues bien, ERC hizo esta propuesta en noviembre de 2020 de cara a los Presupuestos de 2021 en forma de enmienda y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se apresuró a decir que compartía el objetivo pero no las formas. Según declaró entonces, esta reforma no podía hacerse en la ley de Presupuestos, porque no es ley orgánica. Necesitaba una ley orgánica y debía hacerse además en la reforma de la financiación autonómica, lo que implicaba una reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca).
En este sentido perfilaba Hacienda la reforma fiscal que luego guardó en un cajón y era lo que pretendía que los expertos que designó para que le asesoraran en la reforma fiscal recomendaran, como así sucedió.
ERC no repitió esta enmienda de cara a los Presupuestos de 2022, entonces fue Podemos quien planteó una fórmula parecida. Se da la paradoja de que los de Esquerra declaraban las semana pasada que ahora no están por la armonización, en plena batalla fiscal entre el Gobierno y las comunidades del PP tras el anuncio de Andalucía el lunes pasado de que suprime Patrimonio y deflacta el IRPF, a lo que se sumaron Murcia y Galicia en distinto grado. Lo hacían también cuando el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, pedía, "a título personal", una recentralización y quitar competencias fiscales a las comunidades autónomas.
Y es que el debate de la armonización lleva al de la recentralización, lo que ERC y el Gobierno niegan. Todo esto sucede además cuando la Conselleria de Hacienda de la Generalitat tiene encima de la mesa una rebaja de Patrimonio para frenar la fuga de contribuyentes, como informa este lunes Vozpópuli.
Recaudaría cerca de 1.200 millones
El impuesto a grandes fortunas que anunció Montero el pasado jueves se perfila como una armonización de Patrimonio por la puerta de atrás, como avanzó este periódico, con el que pretende lograr la cuadratura del círculo: atrae a ERC y Podemos -en un guiño también a su impuesto a grandes fortunas- y a la vez lo ofrecerá a la Comisión Europea como la armonización de Patrimonio que se comprometió en el Plan de Recuperación a tener en vigor en el primer trimestre de 2023 y que había paralizado por su complejidad. Sin embargo, los morados exigen un impuesto permanente y más duro, los de ERC se estaban desmarcando ahora del proyecto, y está por ver qué piensa Bruselas, que en cualquier caso se ha visto inmersa en el debate político interno de lleno.
A todo esto se suman los problemas de doble imposición e inconstitucionalidad de un proyecto que ha avanzado El País, pero que fuentes oficiales de Hacienda no confirman. Vozpópuli ha podido refrendar de fuentes conocedoras que los trabajos preliminares van en esta dirección. Esta formula prevé recaudar los cerca de 1.000 millones que reuniría el impuesto en Madrid si no estuviera bonificado, a lo que se sumarían los cerca de 100 que ingresa Andalucía y unos 30 por parte de Galicia, que lo bonificará ahora al 50%, a lo que habría que añadir otras cantidades por parte de las regiones que lo tienen bajo.
