Iberdrola y Audax serán los proveedores de electricidad del Senado a partir de 2023. Las dos compañías han superado las ofertas presentadas por Endesa y BlueBat para dar luz a la Cámara alta tanto en alta como en baja tensión. Un contrato de suministro valorado en 1,1 millones de euros que en 2022 tenía carácter ‘temporal’, ya que la comercializadora que había daba el servicio notificó problemas financieros y la ruptura del contrato.
Aura Energía, la compañía que se encargaba de dar luz al Senado desde 2019, comunicó en noviembre a los representantes de la Cámara Alta la imposibilidad de cumplir este contrato público por el que cobraba 544.500 euros al año y que debía satisfacer hasta el 31 de diciembre de 2022. Ante este escenario, la institución tuvo que recurrir de urgencia a Iberdrola para mantener el suministro. La empresa que preside Ignacio Sánchez Galán ha recibido 381.150 euros por realizar este servicio los seis meses.
Después de este contrato de urgencia, Iberdrola se asegura ahora un contrato de suministro de energía eléctrica en alta tensión por 1,1 millones de euros, IVA incluido. Esta adjudicación le convierte en el proveedor eléctrico de luz del Senado durante el próximo año y con la opción de ir prorrogando este acuerdo anual hasta el 31 de diciembre de 2026. Su propuesta competía con Endesa, BlueBat y Audax.
Audax, por su parte, ha logrado imponerse a los otros tres rivales en el suministro de baja tensión valorado en 12.100 euros. Este contrato pertenece a Gesternova hasta el próximo 31 de diciembre de 2022, cuando ya pasará a manos de Audax. En el caso de Gesternova, su adjudicación ha salido a concurso tras el agotamiento de las sucesivas prórrogas previstas.
Iberdrola, el Senado y otra quiebra
El caso de Aura Energía con el Senado y el contrato de urgencia que tuvo que adoptar con Iberdrola es uno de los ejemplo de lo que está provocando la crisis de precios eléctricos. Concretamente, el 23 de noviembre de 2021, la compañía catalana Aura Energía comunicaba la suspensión del contrato de suministro eléctrico en alta tensión y el traslado de los diferentes puntos de suministro a la correspondiente Compañía Comercializadora de Referencia.
Dos días después, la distribuidora de energía eléctrica I-DE (Grupo Iberdrola), en que es la responsable de la distribución de electricidad en la zona de centro de Madrid, avisó al Senado que Curenergía, la comercializadora de último recurso de Iberdrola, se encargaría de forma provisional de este servicio.
Según consta en el registro de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la comercializadora sufrió entonces la apertura de un expediente sancionador por impago de las tarifas de acceso. Unos impagos que provocaron su inhabilitación para dar el servicio de comercialización de luz. Un mes después, la compañía presentó concurso de acreedores.
El incremento descontrolado de los precios de la electricidad lleva más de un año castigando a aquellas empresas que acuden al mercado para comprar la electricidad comprometida con sus clientes. Un precio de mercado que, en muchos casos, duplica o triplica lo pactado con sus clientes y, sin el ‘pulmón financiero’ que pueden tener las grandes compañías, no tienen más remedio que cerrar.
El otro frente que ha castigado a estas compañías es el encarecimiento de las garantías que las comercializadoras eléctricas mantienen con el operador del mercado, OMIE, y el operador del sistema, REE. Dichas garantías se actualizan con los precios, lo que ha hecho insostenible la situación para algunas. Sólo entre septiembre y noviembre de 2021, el organismo regulador inició 39 procesos de investigación a comercializadoras de energía. Una actividad que desde enero hasta agosto se limitaba a una veintena.
