El asunto Sugus, uno de los grandes interrogantes del caso Iberdrola-Villarejo, ya tiene respuesta. Iberdrola encargó a Cenyt, la empresa del excomisario José Manuel Villarejo, que investigase al empresario Gustavo Buesa Ibáñez, que iba a ser nombrado consejero de la filial de renovables, según la documentación del caso consultada por Vozpópuli.
Buesa Ibáñez es empresario y propietario de la empresa GBI Serveis, una de las compañías catalanas más importantes de limpieza, tratamiento de residuos y aseo urbano. El empresario fundó en 1986 la compañía Ingeniería de Residuos, comprando en 1990 la totalidad de la empresa. Dos años después, la compañía es adquirida por RWE, filial del grupo alemán RWE Entsorgung. De nuevo, en 2003 vuelve a recuperar el control total de la compañía tras comprar a RWE su participación.
El empresario fue nombrado consejero de Iberdrola Renovables en abril de 2010, el mismo mes en el que está fechado el informe de Cenyt incorporado al 'forensic' (16 de abril de 2010). El empresario fue investigado en 2016 por presuntas irregularidades en la adjudicación de unos contratos de limpieza en Lloret de Mar, pero dos años después la causa fue archivada.
En el informe elaborado por Cenyt, Villarejo y su socio centran su análisis en GBI y su carácter de sociedad holding de la que cuelgan otros negocios del grupo. El informe también detalla el patrimonio inmobiliario de GBI (cuatro terrenos en Girona) y las diferentes sociedades del grupo, su ubicación y su actividad principal.
El proyecto Sugus
El proyecto Sugus, del que hasta ahora no se conocían detalles, salió a relucir por primera vez el pasado mes de febrero. Como adelantó este diario, los fiscales del caso mencionaron por primera vez este encargo durante uno de los interrogatorios a Antonio Asenjo, ex jefe de Seguridad de la compañía. En concreto, el exdirectivo fue preguntado por un correo eléctronico intercambiado con Rafael Redondo, socio de Villarejo en Cenyt, en el que se mencionaba este encargo. Asenjo no recordaba de qué se trataba.
En cualquier caso, esta no es la primera vez que Iberdrola investigaba a uno de sus futuros consejeros. En 2004, la compañía también encargó a Villarejo que elaborase un informe sobre Inés Macho, hasta hace poco vicepresidenta de la compañía energética.
