Iberostar vela armas desde hace un año a la espera de que la Comisión Europea decida si le da permiso para defenderse de una demanda en Estados Unidos por sus hoteles en Cuba. En concreto, una familia de origen cubano representada por María Dolores Canto Martí demandó a la hotelera por la explotación del hotel Iberostar Imperial en Santiago de Cuba, la segunda ciudad más importante de la isla caribeña tras La Habana. La denunciante afirma que las instalaciones del hotel pertenecían a sus antepasados y les fueron confiscadas tras la Revolución cubana de 1959.
El próximo 15 de abril se cumplirá un año desde que la hotelera de la familia Fluxá, asesorada por Bird & Bird, preguntó a Bruselas si podía contestar a la demanda. Fue la primera empresa europea en formalizar esta petición, lo que abrió un escenario inédito. Desde entonces, Iberostar ha preguntado en numerosas ocasiones al Ejecutivo comunitario por este asunto, e incluso el Gobierno español se ha involucrado, pero Bruselas todavía no ha dado respuesta. La familia cubana envió a principios de marzo un escrito al juez en el que pedía seguir adelante sin esperar a Bruselas.
Y es que más allá de indicar a Iberostar cómo proceder, la decisión que tome la Comisión Europea marcará el paso para el resto de empresas europeas que sean demandadas en Estados Unidos al amparo de la polémica ley. Por ahora, el Ejecutivo comunitario ha señalado públicamente que rechaza la activación de los títulos III y IV de la Helms-Burton y que el Estatuto de Bloqueo impide a las compañías responder, pero todavía no ha indicado formalmente cómo proceder.
Si Bruselas no permite a la hotelera española responder, la empresa deberá comunicar esa decisión al juzgado norteamericano. Y a partir de ahí pueden suceder dos cosas. El juez podría decidir archivar la causa tras constatar que Iberostar no puede defenderse o bien podría seguir adelante y juzgar a Iberostar en rebeldía, lo que previsiblemente terminaría abriendo un conflicto diplomático.
En el caso de permitir que Iberostar se defienda, esta decisión podría animar a nuevos demandantes a abrir frentes judiciales no solo contra otras empresas españolas, sino también europeas.
Meliá, un caso más avanzado
Meliá es la otra hotelera española afectada por una demanda vinculada a la ley Helms-Burton, tras quedar suspendida la ofensiva lanzada contra NH en los juzgados norteamericanos. El principal frente de Meliá no está en EEUU, sino en España, concretamente en Palma de Mallorca. La familia de origen cubano Sánchez Hill presentó hace algo más de un año una demanda contra la cadena hotelera por la explotación de los hoteles Paradisus Rio de Oro y Sol Rio y Luna Mares, ambos ubicados en unos terrenos que les fueron confiscados (que no expropiados, pues no hubo indemnización) tras la Revolución.
El caso dio un giro de 180 grados el pasado mes de diciembre cuando los demandantes presentaron una ampliación de la demanda contra Meliá en la que incluyó como codemandados al Estado cubano y Gaviota S.A, la sociedad estatal con la que la hotelera tiene una alianza, tal y como adelantó Vozpópuli. No obstante, la reclamación económica sólo va dirigida a la cadena española.
Los Sánchez Hill reclaman a la hotelera española una indemnización por beneficiarse de la explotación de los dos hoteles en Cuba. El grupo de la familia Escarrer cuenta con 35 hoteles en el país caribeño (a través de sus diferentes marcas Meliá, Paradisus, Sol y Tryp), su mayor apuesta después de España, donde hay 145 alojamientos bajo su paraguas. De esta forma, España y Cuba son los dos principales mercados de la compañía, con el 42% y el 17% de sus hoteles ubicados en estos países, respectivamente.
