Bruselas estaba apretando las tuercas y España tenía que responder. Sin nuevas medidas de ajuste quedaba en el aire el año extra para salir del procedimiento de déficit excesivo y la multa por la falta de acción contra el mismo. Así que el equipo económico del Gobierno se reunió la semana pasada para tomar decisiones, según ha podido saber Vozpópuli.
En aquella reunión, a la que asistió el equipo económico al completo, se decidió el cambio en el Impuesto de Sociedades que va a elevar la recaudación del tributo en 6.000 millones. No se trata de un incremento fiscal en sí, sino de obligar a las empresas a adelantar parte de lo que tienen que pagar para poder destinar más dinero a la lucha contra el déficit.
El cambio tendrá que esperar porque requiere una norma de rango legal y el Ejecutivo no puede hacerlo en funciones. Sin embargo, el equipo de Mariano Rajoy ya lo había previsto e incluyó una referencia en la actualización del Programa de Estabilidad sobre la posibilidad de hacer cambios en el tributo si la recaudación no funcionaba bien, cosa que está sucediendo.
El Gobierno fue previsto y planteó ya en el Programa de Estabilidad un cambio de este tipo
"Si se observase una pérdida de recaudación superior a la estimada en este Programa de Estabilidad como consecuencia del fin de la vigencia en 2016 de determinadas medidas temporales en el Impuesto sobre Sociedades adoptadas en el pasado, se podrían tomar medidas para limitar su impacto en2016", reza el texto, que no más detalles de los cambios.
Y el Gobierno dejó claro que, si se llegaba a este punto, se activarían cambios normativos sin incrementar la fiscalidad de las personas jurídicas. Es decir, que en ningún momento se iban a plantear incrementos en los tipos del impuesto, que de hecho se bajaron por segunda vez en enero de 2016. En el plan también se decía que tendría que ser el nuevo gobierno el que adoptara estas medidas.
Además de este cambio, el Gobierno planteará en los alegatos para Bruselas un ajuste adicional de 2.500 millones gracias a una evolución de la lucha contra el fraude fiscal mejor a la prevista, que aportará 1.000 millones más a las arcas del Estado, y a un ahorro de 1.500 millones en el pago de interes de la deuda, gracias a la baja evolución de los tipos de interés a lo largo de estos meses.