La Ley de Vivienda, aprobada en mayo de 2023 por el Senado, ha sido una de las normas más controvertidas de la legislatura. Esta ley, que buscaba regular el mercado del alquiler y facilitar el acceso a una vivienda digna, ha generado un intenso debate entre los distintos actores del sector inmobiliario.
Uno de los puntos más polémicos de la Ley de Vivienda es el establecimiento de un índice de precios de referencia para los alquileres en las denominadas "zonas tensionadas". Este índice, que sirve como referencia orientativa para la fijación de las rentas en nuevos contratos, tiene como objetivo limitar las subidas abusivas y proteger a los inquilinos.
En este contexto, el diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, integrado en Sumar, ha generado controversia al proponer "hinchar a impuestos" a los propietarios que alquilen viviendas sin respetar el índice de precios establecido en la Ley de Vivienda. Esta medida, según Ibáñez, busca desincentivar la especulación inmobiliaria y garantizar el acceso a una vivienda digna.
El índice de precios de alquiler, incluido en la Ley de Vivienda, establece un rango orientativo para fijar las rentas en nuevos contratos, especialmente en zonas tensionadas, con el objetivo de limitar los incrementos abusivos.
Mayor presión fiscal para combatir la especulación
Ibáñez, en un mensaje publicado en la red social X (antes Twitter), ha defendido la necesidad de tomar medidas contundentes para "prohibir la compra especulativa de casas" o hacerla "no rentable" mediante una subida de impuestos.
La abolición de las Golden Visa en 2024 fue un primer paso para luchar contra la especulación.
— Alberto Ibáñez i Mezquita ? (@alberto_aim) January 9, 2025
En 2025 debemos prohibir la compra especulativa de casas o hincharles a impuestos para que no sea rentable. https://t.co/GeTAfMc4vS
Compromís critica la situación actual, donde los propietarios pueden desgravarse en la renta por el alquiler de sus viviendas, mientras que los inquilinos, en muchos casos, apenas pueden hacer frente al pago de las mismas.
Además de a los propietarios que incumplan la Ley de Vivienda, el diputado de Compromís propone una mayor presión fiscal para otros actores del mercado inmobiliario:
● Pisos turísticos: se busca limitar su proliferación y el impacto negativo que pueden tener en la disponibilidad de vivienda para residentes.
● Grandes tenedores de vivienda: se pretende gravar con mayor intensidad a aquellos que poseen un gran número de inmuebles, especialmente si se destinan al alquiler.
● Fondos 'buitre': se busca frenar la actividad de estos fondos de inversión que, según Compromís, especulan con la vivienda y contribuyen al aumento de los precios.
● Empresas que compran para especular: se persigue disuadir la compra masiva de viviendas con el único fin de obtener beneficios a corto plazo, sin tener en cuenta las necesidades habitacionales de la población.
La propuesta de Sumar ha generado un intenso debate en el ámbito político y social, con voces a favor y en contra de la medida. Mientras algunos sectores aplauden la iniciativa como una forma de proteger a los inquilinos y frenar la especulación, otros la critican por considerarla intervencionista y perjudicial para el mercado inmobiliario.