Fueron los primeros en alzar la voz. De avisar del agujero subyacente en las cajas. De poner la anteción en las millonarias retribuciones y pensiones de algunos gestores... Quejas, informes y análisis del equipo de inspectores que fueron suavizados o archivados en la anterior etapa del gobernandor Miguel Ángel Fernández Ordóñez y que ahora se airean en los juzgados en las diferentes investigaciones a antiguos presidentes y directivos de cajas. Más de un año después de la salida de MAFO, el Banco de España ha restañado esta situación en una circular que actualiza los procedimientos de supervisión aplicados hasta el momento por Cibeles. En la práctica, Luis Linde, nuevo gobernador, confiere al equipo de inspectores todo el poder cuando se produzca una discrepancia sobre la situación de una entidad.
La nueva circular, que corrige la anterior metodología por exigencia del Memorando de Entendimiento (MOU, en inglés), explica que "las discrepancias que, en su caso, pudieran surgir en el proceso de formación de la opinión sobre la situación de una entidad se detallarán en un apartado específico del informe a la Comisión Ejecutiva". "Hasta el momento", prosigue el texto aprobado por la Comisión Ejecutiva del Banco de España el pasado 20 de septiembre, "dichas discrepancias, cuando se producían, eran recogidas en informe separado adjunto al resto de la documentación supervisora".
Este cambio, junto a la presencia de dos firmas en los informes de inspección (la del encargado de los trabajos y la del jefe de grupo responsable de la supervisión de la entidad), son claros detalles de que se refuerza el papel del inspector frente a lo que venía aconteciendo en los últimos años. "En caso de duda, prevalecerá las opiniones del inspector que es quien mejor conoce la situación de la entidad que está analizando", aseguran fuentes del sector.
En octubre de 2012, en un documento titulado 'Análisis de los procedimientos supervisores del Banco de España y recomendaciones de reforma', Oliver Wyman, como experto independiente conocedor de la labor de inspección del supervisor español, explica que "en todos los casos, el informe elevado es firmado pro el jefe del grupo y consensuado antes con los responsables superiores". En ese mismo texto, el FMI realizaba tres recomendaciones de cambio sobre los procedimiento supervisores. En una de ellas, uno de los socios de la troika consideraba que había que "dar mayor entidad a la comunicación escrita del equipo inspector a la entidad al finalizar la inspección o actuación inspectora".
Además de las quejas de los propios inspectores, tanto el FMI como Oliver Wyman habían recomendado que se incrementase las atribuciones de quienes conocen mejor a las entidades
En ese mismo documento, se reconoce que tras revisar los distintos procedimientos supervisores del BdE desde la perspectiva del proceso de toma de decisiones y de la documentación de los mismos, "se han detectado algunas carencias, indefiniciones y falta de actualización de procedimientos que convendría corregir". "Por ejemplo", señala el texto, "a) se ha comprobado que no existe homogeneidad entre los equipos de inspección en la forma de comunicar a las entidades las conclusiones preliminares de las inspecciones ni en la forma de archivar la documentación relativa a las debilidades detectadas; b) en determinados procedimientos no está adecuadamente documentado quién propone, quién da el visto bueno, quién es responsable o quién decide".
El choque entre el cuerpo de inspectores y la antigua dirección del Banco de España fue cíclico. En octubre de 2011, Jerónimo Martínez Tello, entonces director general de supervisión, se reunió con los representantes de los inspectores para aplacar sus quejas. Tras aquel encuentro, la asociación de Inspectores del Banco de España (IBE) redactaron un comunicado en el que se aseguraba que las conclusiones de sus inspecciones eran modificadas y suavizadas por sus superiores y, por otro, cómo el Banco de España se desvinculaba después de estas actuaciones, cuando los "agujeros" en las cuentas se hacen evidentes, provocando con esa pasividad que se ponga en duda la labor técnica de los inspectores y erosionando con ello también la imagen del Banco de España.
En aquel comunicado, los inspectores calificaban de "llamativo" que sólo se hayan tomado medidas disciplinarias contra los administradores de las cajas intervenidas, "a pesar del grave deterioro de la solvencia de otras entidades, que han tenido que ser nacionalizadas con ayudas millonarias del FROB, sin que aparentemente se hayan encontrado infracciones a la ley de Disciplina".
En esta misma línea se sostenían las denuncias efectuadas por la asociación de inspectores en un informe, desvelado por El País en enero pasado. En el último punto de dicho informe, titulado “Comunicación al poder judicial de los indicios de delitos detectados”, se cargaba duramente contra MAFO. “La forma habitual de reacción ante los indicios de delito es mirar hacia otro lado”, se aseguraba. Los inspectores agregan que “en el trabajo de la inspección aparece con relativa frecuencia indicios de conductas que pudiera ser delictivas”.
En otro apartado del informe, los inspectores piden “reducir la influencia” de los bancos “y de los políticos” para evitar “la captura del supervisor, el sentimiento de arbitrar para casa” y la fuga de ejecutivos del Banco de España a las entidades.
En su opinión, la falta de ejecutivos expertos en riesgos financieros en la cúpula del Banco de España ha facilitado que se comentan errores graves y la injerencia. “Se ha actuado de un modo condescendiente con la mala gestión”, apuntan. En uno de los textos a pie de página afirman que en 2010, el supervisor rebajó las provisiones exigidas “básicamente para salvar la cuenta de resultados de alguna entidad”.
Una inspección más severa
Junto a este cambio de actitud frente a los inspectores, las nuevas reglas prevén una "formalización" de las inspecciones a las entidades, tanto "en situ" (es decir, con los inspectores desplazados en las entidades), como a distancia. A partir de ahora, los inspectores tendrán que realizar informes periódicos en los que resuman las cuestiones principales encontradas. Además, de cada inspección tendrá que resultar un escrito de requerimientos a la entidad analizada.
Cuando termine la inspección, el técnico encargado de realizarla, con el visto bueno del jefe de su grupo, tendrá que realizar un escrito en el que se detallan las situaciones observadas para seguir de cerca los movimientos de la entidad para corregir las deficiencias detectadas. Además, se establece que las actuaciones extraordinarias de los inspectores para verificar el cumplimiento de las recomendaciones tengan una duración máxima de seis meses. Cada año, además, se revisará si el procedimiento de seguimiento aplicado a cada entidad es el idóneo, o si hay que modificarlo.
