La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha estallado contra la cúpula de la Agencia Tributaria (AEAT) y contra el Gobierno de Pedro Sánchez y ha hecho público este viernes en su XXXIII Congreso en Burgos un documento en el que denuncia la "instrumentalización y utilización política" de la AEAT, con vendettas y fugas de datos fiscales desde hace años, además de clamar contra el acceso a dedo a la Inspección que se está promoviendo, y advertir sobre el "grave riesgo" de que se cree una Agencia y un cupo catalanes como está encima de la mesa en la negociación de la investidura de Sánchez.
Todo esto se denuncia en un documento muy crítico que se hace público en medio de un clima de cisma de los inspectores y la cúpula de la AEAT, como informó Vozpópuli, por el acceso de inspectores nombrados a dedo y en un congreso, de gran trascendencia para este cuerpo, al que no ha acudido la directora de la Agencia, Soledad Fernández Doctor, la primera vez que este plantón se produce.
No se recordaba un enfrentamiento de este calibre en el seno de Hacienda desde 2013. Entonces estaba el ambiente enrarecido por el desacuerdo de los inspectores con la amnistía fiscal y la cúpula de la AEAT muy molesta con una propuesta de IHE de integrar las funciones de recaudación en un único organismo que aglutine a la Agencia Tributaria y a la Seguridad Social.
La confrontación llegó en el Congreso de IHE que se celebró en Málaga en octubre de 2013, en un tensa asamblea y un polémico discurso a puerta abierta y cerrada del entonces director de la AEAT, Santiago Menéndez, que les reconvino por sus críticas.
Por aquel entonces se hizo pública una grave crisis interna en forma de una catarata de ceses y dimisiones por unas controvertidas multas a Cemex.
El choque frontal que se produjo en el Congreso de 2013 con el director de la AEAT no ha tenido lugar en esta ocasión por incomparecencia de la Agencia. En lugar de su directora ha acudido el secretario de Estado de Hacienda en funciones, Jesús Gascón, que se ha limitado a dar en su discurso datos positivos de crecimiento de bases imponibles, de recuperación de cantera de opositores y de reducción de litigiosidad.
Según ha podido saber Vozpópuli, Gascón no ha comentado con los presentes el documento, que espera leer, y ha expresado su deseo de que los problemas sobre el acceso de interinos se solucionen.
Instrumentalización política y fuga de datos fiscales
El documento de los inspectores advierte de los peligros y grandes riesgos para la igualdad y la lucha contra el fraude que supondrían una Agencia y un cupo catalanes, como ha informado este periódico este viernes, y analizan con detalle varios casos que ponen de manifiesto "una utilización política de la AEAT, y una falta de independencia que creen que un futuro estatuto de la AEAT debería proporcionar".
Denuncian que en 1997 se produjo una instrumentalización política de la Agencia Tributaria y la falta de independencia en su actuación, ya que creen que fue "utilizada políticamente en el asunto de la infundada denuncia de la prescripción de expedientes fiscales por valor de 200.000 millones de pesetas". En ese año, el vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía [Rodrigo Rato] acusó al anterior Gobierno de haber realizado una amnistía fiscal encubierta por paralizar 600 expedientes que hubieran permitido recaudar 200.000 millones de pesetas (casi 1.200 millones de euros). Esas circunstancias no se probaron y fueron archivadas por los tribunales, relatan.
En 2007, con ocasión de la aprobación del Reglamento de Aplicación de los Tributos, de desarrollo de la Ley General Tributaria, se intentó incluir un artículo para que las actas de disconformidad "más delicadas" se enviaran previamente al Ministerio para tener su visto bueno. "Como sabíamos que eso suponía la politización total de la Inspección, IHE opuso una resistencia feroz y, al final, se eliminó dicho precepto del proyecto de Reglamento", blanden.
Sobre la amnistía que aprobó Cristóbal Montoro en 2012, subrayan que "comprometió a la AEAT por cuanto quiso "vender" los beneficios que la misma comportaba, llamando a contribuyentes y despachos para que se acogieran a la misma, ante el escaso éxito de la medida en los primeros meses". En los años siguientes, también se prohibió a la AEAT comprobar las declaraciones tributarias presentadas, y utilizar la información contenida en las mismas, trasladan. Finalmente, en 2017 fue anulada por el Tribunal Constitucional.
El escándalo de las multas a Cemex en 2013 se tacha de "espectáculo lamentable". El ministro de Hacienda [Cristóbal Montoro] vinculó "el relevo" en la cúpula de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes a que ese equipo "estaba lleno de socialistas", cuentan. También en 2013, dio información en el Congreso de los Diputados sobre la situación tributaria del tesorero de un partido político [Luis Bárcenas].
Otro ministro diferente hizo pública una información sobre las declaraciones de renta de otro antiguo ministro implicado en casos de corrupción, apuntan en alusión a Luis de Guindos y Rodrigo Rato. "En ambos casos esa información tuvo que salir de la propia AEAT, lo que suponía una clara violación del carácter reservado que la Ley General Tributaria establece para la información de la que dispone para ejercer sus funciones", alertan.
Bicefalia y nombramientos a dedo
Sobre la bicefalia en los órganos de dirección de la AEAT, entre el presidente y secretario de Estado de Hacienda y el director general, reseñan que se han producido "sonadas discrepancias de criterio entre ambos cargos, estando influidas las decisiones del primero por circunstancias políticas, ajenas a lo estrictamente técnico y profesional". Creen que se produce cuando el nombramiento de cada uno de los puestos se hace por diferentes ramas políticas del partido gobernante, en un obligado reparto de papeles, pero que provoca muchas deficiencias en la actuación de la AEAT.
Otra característica que denuncian en el funcionamiento de la Agencia Tributaria es la inestabilidad en sus órganos de dirección. En sus treinta años de funcionamiento, la AEAT ha tenido 14 directores generales, lo que supone una media de duración del cargo de poco más de dos años. En un determinado momento, llegó a tener cuatro directores generales en un plazo de dos años [2011 y 2012].
Cada nombramiento de nuevo director general "produce una catarata de nombramientos y ceses en los puestos de libre designación, como directores de departamento, subdirectores, delegados especiales, jefes de dependencia regional, falta de estabilidad en los puestos directivos y, por ende, de la institución, ha provocado que, en ocasiones, se hayan elaborado determinados proyectos, en los que se implicaba durante años toda la AEAT, y que posteriormente eran abandonados". Avisan de que esto "genera en la opinión pública amplias dudas sobre la independencia del organismo, y sobre las causas que dan lugar a tanto nombramiento y destitución", lamentan.
A su juicio, estas situaciones no se producirían si se aprobara el Estatuto de la AEAT, que actuaría como salvaguarda de su independencia en todos sus ámbitos, estableciendo el nombramiento de su director por el Parlamento y por un período de cinco años, y regulando el resto de su estructura directiva, el régimen jurídico de sus empleados, el acceso a los puestos de trabajo, y sus fuentes de financiación.
Asalto de interinos
Para IHE, uno de los mayores ataques que recientemente ha sufrido la independencia de la AEAT ha sido el relativo a las imposiciones de Función Pública en su política de personal, que es "justo lo contraria a lo que figura en la ley de creación de la AEAT".
La imposición más reciente ha sido la elaboración de listas de interinos en la última convocatoria publicada de la oposición al Cuerpo de Inspectores de Hacienda del Estado Frente a esta situación, IHE ha acordado recurrir la medida, ya que, de lo contrario, alertan de que "el futuro de nuestra profesión se pondría en entredicho, dando lugar a dos tipos de funcionarios en este ámbito: unos, que habrían accedido al cuerpo a través del duro proceso selectivo que comprende una fase de oposición y una fase de curso selectivo (en la Escuela de Hacienda Pública del Instituto de Estudios Fiscales), y otros que, por el contrario, habrían accedido al cuerpo sin superar ningún tipo de proceso selectivo, y habiendo sido elegidos de acuerdo a un nombramiento del Estatuto Básico del Empleado Público prevé de manera excepcional y exclusiva para unos casos muy tasados que no están pensados para el ejercicio de una potestad pública tan importante para cualquier estado como es la de la tributaria".
