El despacho Ramón y Cajal Abogados, que representa a Jaime Botín, advierte que la sentencia que condena al expresidente de Bankinter a 18 meses de prisión y a una multa de 52,4 millones de euros genera inseguridad jurídica, y señala que va a interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid.
"¿Quién va a comprar una obra de arte en España, dada la inseguridad jurídica que genera esta sentencia si deviene firme?", se pregunta el bufete en un comunicado enviado en la tarde del jueves.
Jaime Botín fue acusado de contrabando por intentar sacar de España sin permiso el cuadro Cabeza de mujer joven, tasado en 26 millones de euros, obra de Pablo Picasso, que fue aprehendido en Córcega en agosto de 2015. El empresario se lo llevó en su yate a pesar de que se lo había prohibido primero el Gobierno y después la Justicia. El fiscal pedía para él cuatro años de cárcel de cuatro años.
"El argumento de la sentencia no tiene sentido", dice Ramón y Cajal Abogados
"El argumento de la sentencia implica que cualquier obra de arte que transite por España", dicen los abogados del banquero, "y tenga alguna conexión con el patrimonio histórico podría ser objeto de intervención, lo que resulta complemente absurdo y gravemente inconveniente para nuestro país".
"¿Un turista que venga a España con algún bien mueble con vinculación con nuestro país puede temer que le sea incautado?", insiste Ramón y Cajal. "La consecuencia de la Sentencia es que cualquier barco, yate o buque que amarre, atraque o fondee en aguas jurisdiccionales españolas y que lleve a bordo un bien que unilateralmente el Estado español considere integrante de su patrimonio histórico, es susceptible de ser incautado por España, lo que es, simplemente, inaceptable".
El bufete subraya que la conducta de Botín fue "absolutamente normal y totalmente transparente". Y termina su comunicado advirtiendo que, de acuerdo con la sentencia conocida hoy, el Estado español debería ejercer las acciones necesarias para recuperar obras que se encuentran en museos de otros países. "No lo va a hacer porque el argumento de la sentencia no tiene sentido, dicho con todo respeto", dice.
