Más 2.600 millones ha perdido el Impuesto de Sociedades en lo que va de año por los cambios normativos aprobados por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la última legislatura que estuvo en funciones. La rebaja de tipos y, sobre todo, la supresión del mínimo obligatorio en el pago fraccionado, están pasando una elevada factura a las arcas del Estado. La situación obliga al ministro a ir tan lejos como pensaba en la recuperación del mínimo en el pago fraccionado y no hacer caso a las empresas, que pidieron clemencia a Montoro para evitar problemas de solvencia y bajadas de rating por parte de las agencias de calificación.
¿Qué quiere hacer Montoro? Recuperar el mínimo obligatorio en el pago fraccionado que estaba vigente en 2015 (12%) y elevarlo al menos hasta el 20%. La medida afectaría a las empresas que facturen más de 20 millones y a los dos pagos fraccionados que quedan pendientes en 2016 (octubre y diciembre). Aportaría unos 6.000 millones. Esto es lo que el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, prometió a Bruselas para evitar la famosa multa por el déficit tras el desvío del año 2015.
¿Qué han pedido los empresarios? El presidente de la CEOE, Juan Rosell, envió una carta el pasado 14 de septiembre a los dos ministros mostrando su preocupación ante una iniciativa de este tipo y pidiendo que la medida se clarificara y no se aprobara sin consultar antes con los afectados. En una conversación entre Rosell y Montoro al poco de la misiva, el patrón fue más concreto y pidió al ministro que no fuera tan lejos y que recuperara el mínimo vigente en 2015 (12%) y solo para el pago de diciembre, con el objetivo de dar más tiempo a las empresas para obtener tesorería.
La medida costará 900 millones a Telefónica y 750 millones a Repsol
La preocupación de los empresarios está justificada. Tal y como publicó Vozpópuli, una medida como la que quiere aprobar el Gobierno puede generar un impacto en los grandes grupos multinacionales de matriz española de más de 500 millones e incluso rondar los 1.000 millones en algunos casos. De hecho, costaría la friolera de 900 millones a Telefónica y 750 millones a Repsol.
Montoro contestó a Rosell que habría que esperar a conocer la recaudación de agosto. Y ya tenemos los datos. ¿Qué ha pasado? Que las cosas han mejorado, pero parece que no lo suficiente. Es cierto que la recaudación de IRPF baja menos que en meses anteriores y que el IVA sigue tirando, pero Sociedades sigue cayendo a dos dígitos: un 32%. Y eso a pesar de que en agosto se contabilizan la mayor parte de los ingresos por cuota diferencial positiva de la declaración anual del año anterior.
Fuentes del Ministerio que dirge Montoro han considerado poco probable que el Gobierno ceda a las peticiones de los empresarios dada la evolución de la recaudación. De hecho, este periódico ya publicó en agosto que el Ejecutivo espera que el impuesto recaude solo unos 12.000 millones en todo el año, la mitad de lo presupuestado. Tampoco parece muy posible que el IRPF consiga lograr el objetivo de recaudación fijado en los Presupuestos.
La situación es complicada. El déficit del Estado sumó en agosto 31.000 millones, una cifra que supone el 2,79% del PIB y que supera ya el nivel total de déficit estatal registrado en 2015. La cifra queda también muy lejos del objetivo oficial del Estado del 1,8% plasmado en el Programa de Estabilidad, pero lo cierto es que ese objetivo se ha quedado obsoleto tras la nueva senda que planteó Bruselas para España tras cancelar la famosa multa. El Gobierno no ha aprobado aún el reparto del nuevo objetivo (4,6%), pero está claro que tendrá que dar mucho más margen al Estado para evitar desfases.
Y es mucho más preocupante si tenemos en cuenta que el Gobierno tiene que presentar antes del día 15 de octubre a Bruselas las líneas generales de los Presupuestos del año que viene y las medidas concretas que piensa poner en marcha para reducir el desfase de las cuentas. Lo de los Presupuestos ya se da por imposible, puesto que la prórroga es totalmente inevitable, pero el Gobierno tendrá que cumplir con la segunda premisa si quiere evitar la congelación de los fondos estructurales por parte de la Comisión.
Los cambios fiscales están lastrando en 4.700 millones la recaudación de este año. Sociedades ha perdido 2.612 millones hasta agosto
Es que los cambios fiscales que aprobó el Gobierno en la segunda parte de la legislatura para ganarse el favor de empresas y trabajadores de cara a las elecciones están saliendo muy caros. Según el informe de recaudación del mes de agosto, estos cambios están lastrando en 4.700 millones la recaudación de 2016. En concreto, la Agencia Tributaria asegura que el impacto de la reforma de la imposición directa este año llega a 4.569 millones, 2.525 millones por medidas con vigencia desde 2015 y con efecto en los primeros meses de 2016 y en la cuota diferencial del IRPF y del Impuesto de Sociedades, y 2.044 millones debidos a la segunda fase de la reforma en vigor desde comienzos de año.
Por impuestos, el IRPF está dejando de ingresar casi 3.000 millones en lo que va de 2016 por todos los cambios tributarios, aunque el Gobierno siempre dice que la segunda parte del año compensará en parte estos descensos porque se diluirá el efecto de la reforma fiscal. Y Sociedades, por su parte, está perdiendo 2.612 millones, 1.434 millones por la supresión del pago fraccionado y 1.178 millones por la reforma del impuesto. En este caso, parece difícil recuperar la recaudación si el Gobierno finalmente cede a las peticiones de CEOE y no va tan allá como prometió a la Comisión Europea.
