A raíz del problema catalán, que en virtud del órdago independentista lanzado al resto del Estado esgrime como una de sus razones un reparto económico distinto, el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, ha planteado un nuevo sistema de financiación autonómica según la cual se puedan "ceder impuestos" a las comunidades autónomas. El ministro, durante el Encuentro Deusto Business Alumni, en Bilbao, ha reiterado que "no es el momento de hablar de una nueva reforma constitucional", pero sí de una nueva financiación.
Margallo ha recordado que el modelo de financiación que defiende es aquel en el que el Estado "recauda impuestos para atender sus propias funciones y pagar los servicios esenciales" en el nivel en que todos los ciudadanos "nos pongamos en condiciones de igualdad" y, si se quiere mejorar el resto de servicios "que no son esenciales", las comunidades autónomas deben hacerse cargo, según recoge Europa Press.
"Si usted quiere tener las autopistas iluminadas, pone usted un peaje que pagan sus beneficiarios", ha declarado el ministro
Según ha insistido, tiene que existir "un reparto de impuestos y la Hacienda central tiene que recaudar aquellos que afectan al mercado interior, aquellos en que la diversidad puede crear distorsiones en el mercado, que son los armonizados, el impuesto sobre renta, el que grava el ahorro y los rendimientos empresariales, sociedades, IVA y, probablemente, impuestos sobre el petróleo". El resto, ha añadido, "se podrían ceder a las comunidades autónomas, sobre todo los precios impositivos, que son los que mejor ilustran la idea de que nada es gratis". "Si usted quiere tener las autopistas iluminadas, pone usted un peaje que pagan sus beneficiarios; si usted quiere tener 18 televisiones autonomías, pone un canon que pagan sus beneficiarios. En definitiva, poner un cierto orden", ha explicado.
Para Margallo, "las grandes reformas vienen determinadas por el cambio en la administración y el cambio en el sistema de financiación". Sobre el primero, considera que "no es el momento de hablar de una reforma constitucional", aunque ha añadido que, "si se aborda, tiene que ser por el procedimiento establecido en la ley, por un consenso básico que es lo que permitió el éxito de la Constitución de la concordia del 78" y, además, se tiene que saber "para qué se quiere hacer la reforma".
Asimismo, ha apostado por ir a "una delimitación de competencias claras, exclusivas y compartidas" y a un sistema de financiación "nuevo en paralelo" que no incentive el aumento del gasto público, porque, "en los sistemas comunes, no en los forales, las autoridades autonómicas tienen la tentación de gastar sin límite porque no tienen la obligación de recaudar". Así, ha defendido la necesidad de "definir los servicios que consideramos esenciales y cuáles no" y que en ello rija "el principio de igualdad", de forma que "todos los españoles, sea cual sea su lugar de residencia, tienen que tener el mismo nivel de servicios".
