Dos bajadas en menos de dos meses justo antes de las elecciones municipales y autonómicas. El Gobierno también hace campaña con la bombona de butano, la llamada "energía de los pobres", que en España utilizan casi ocho millones de familias.
El Ministerio de Industria y Energía bajó la bombona en marzo un 9,7% y su precio pasó de 17,5 euros a 15,81 euros. Sólo dos meses después, esta misma semana, a cinco días de los comicios, el Departamento que dirige José Manuel Soria ha vuelto a aplicarle otra gran bajada. Ha sido del 10,7% y ha dejado su precio en 14,12 euros.
En total, la rebaja supera el 20% y permitirá a los clientes ahorrarse más de tres euros en cada bombona.
Industria justifica el recorte de precios en la actualización de la fórmula que fija el cálculo de los precios de los gases licuados de petróleo envasados (GLP).
Según este nuevo sistema, el Gobierno volverá a revisar de nuevo el precio el tercer martes de julio, en función de las cotizaciones internacionales y, a partir de entonces, sólo podrá subir o bajar un máximo del 5%, con el objetivo de dar más estabilidad y horizonte de precios a los consumidores.
La llamada "energía de los pobres" bajó un 9,7% en marzo y esta misma semana lo ha hecho un 10,7%, quedando el precio final en 14,12 euros
Sin embargo, fuentes del sector energético señalan que estas dos últimas bajadas han sido "claramente electoralistas, sorprendentemente de más del 20%".
El precio regulado afecta a las bombonas de butano que más comúnmente utilizan los hogares, envases con carga igual o superior a 8 kg e inferior a 20 kg, cuya tara sea superior a 9 kg. Con el nuevo sistema, el déficit que existía en la comercialización de la bombona ha sido totalmente eliminado en el último bimestre.
Pese a ello, Repsol Butano ha interpuesto ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso administrativo, que ha sido admitido a trámite, en contra de la orden en la que Industria estableció en marzo ese nuevo sistema de revisión automática del precio de la bombona. Las compañías del sector vienen recurriendo desde el año pasado la fórmula de revisión de precios porque, a su juicio, no reconoce un coste “suficiente” para la actividad de comercialización.
El recurso se dirige contra la orden IET/389/2015 de marzo, en la que se revisaron los precios máximos de venta para los gases licuados del petróleo envasados (butano y propano). Esta nueva regulación eliminó de forma excepcional para marzo y mayo el tope del 5% al alza o a la baja en la revisión bimestral de precios, lo que permitió que el abaratamiento durante estos meses sea muy superior al previsto, precisamente justo antes de las elecciones, señalan las fuentes consultadas.
