Con un “agujero” de 110 millones de euros según datos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, la red de Paradores de Turismo de España se prepara para cambios de calado. De calado y previsibles, como Vozpópuli ya avanzó en noviembre. Aunque todavía no habla de privatización, el Gobierno está estudiando cómo liberalizar parte de la gestión de estas posadas de alta gama. Una gestión que desempeñarían agentes privados y que aún está por ver cómo se traducirá. En cualquier caso, ese capital de particulares nunca rebasará el 49% de la Sociedad Anónima pública que administra Paradores.
Esta entrada de capital privado formaría parte del plan que el Ejecutivo tiene con los “bienes privatizables” con los que la Vicepresidencia del Gobierno, comandada por Soraya Sáenz de Santamaría, pretende recaudar 30.000 millones de euros. El PP quiere hacer caja cuanto antes con los bienes públicos que quedan, como Renfe, Loterías o Aena. En teoría, el caso de Paradores parece más bien una liberalización: el Estado seguiría manteniendo una participación del 51% como mínimo y las compañías se encargarían de gestionar parte de los servicios ofertados.
La Sociedad Paradores de Turismo ingresó entre 2008 y 2011 un total de 1.006,1 de euros, de los cuales 985,75 millones procedían de ingresos de explotación. Esa es la respuesta que dio la semana pasada el ministro de Industria, José Manuel Soria, al diputado de Compromís-Equo, Joan Baldoví. Paradores registrará en 2012 pérdidas por valor de 25,5 millones de euros, según figura en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este ejercicio. Sin embargo, su presidenta, Ángeles Alarcó, ya ha dicho que Paradores podría volver a dar beneficios de aquí a tres años.
Cierre de establecimientos
Además, CCOO y UGT, que representan a los 4.300 trabajadores que tiene la sociedad, ya están desenterrando el hacha de guerra. La negociación del convenio colectivo está causando demasiadas fricciones: según las centrales, Alarcó y el resto de la dirección quieren que los trabajadores paguen “la mala gestión de una empresa que hasta hace nada daba ingresos sólidos”. Asesorada por el despacho de abogados Sagardoy, la gerencia ha propuesto unas condiciones peores a los representantes, quienes las han rechazado.
Los sindicatos denuncian que Paradores persigue cerrar tres de los 23 establecimientos no rentables y lanzar un ERE temporal que afectaría a los trabajadores de los centros clausurados. También señalan que la empresa pública se plantea cerrar en determinados meses otros 14 hoteles y hacer a sus trabajadores fijos discontinuos. Finalmente, acusan a la dirección de cobrar pluses y emolumentos cuya cuantía se desconoce. “Quieren cargarse un modelo hostelero rentable que existe en España desde 1928”, recalca uno de los delegados sindicales.
