La batalla legal de los afectados por la compra de una vivienda sobre plano que no llegó a construirse comienza a acumular buenos resultados. Desde el inicio de la crisis económica de 2007 y hasta la fecha ya se han dictado en España aproximadamente unas 3.000 sentencias favorables. Según un informe elaborado por la firma jurídica Spanish Legal Reclaims. Unas resoluciones judiciales que han permitido a los afectados recuperar el importe de los depósitos que pagaron a cuenta de una vivienda que no llegó a construirse -o se construyó fuera de plazo- por la quiebra de la promotora.
La mayoría de sentencias favorables se han dictado en los juzgados de Madrid (35,17%), Andalucía (26,47%) y la Comunidad Valenciana (22,18%). En cuanto a la ubicación de las promociones inmobiliarias sin terminar, la mayoría están en Andalucía y la Comunidad Valenciana, si bien existen numerosos casos por el resto de la geografía española.
Tras acumular años de pleitos, los afectados por esta derivada de la crisis económica recibieron un apoyo judicial clave en el año 2015. En diciembre de ese año, una sentencia del Tribunal Supremo sentó jurisprudencia dando luz verde a todos los afectados a recuperar el dinero. En su resolución, el alto tribunal dictaminó que las entidades bancarias en las que las promotoras ingresaban los depósitos de los compradores a cuenta del precio de la vivienda eran responsables de proteger este dinero. Todo ello, en base a la Ley 57/1968, hoy ya derogada, pero de aplicación en aquellos casos anteriores al 1 de enero de 2016.
Entre otros requisitos, esta ley obligaba a las entidades bancarias a exigir a la empresa promotora la constitución de un seguro o aval sobre las cantidades aportadas por los compradores sobre plano. También a que abrieran una cuenta especial, no vinculada a otras que el promotor pudiera tener en ese mismo banco, destinada solo a las cantidades entregadas por los compradores como parte del precio de la vivienda.
Miles de afectados
Aunque no hay cifras de organismos oficiales, en este informe se estima que podría haber más de 600.000 afectados que perdieron sus depósitos. De ellos, 360.000 serían españoles (ver tabla). El resto, básicamente de países europeos como Reino Unido o Alemania.
Luis Cuervo, CEO de Spanish Legal Reclaims, señala que para comenzar el trámite de estas reclamaciones los afectados solo necesitan acreditar tres cosas: “La relación contractual con el promotor, los ingresos en la cuenta bancaria del promotor y que la propiedad nunca le fue entregada en el plazo establecido”.
