El Juzgado de primera instancia número 26 de Madrid ha admitido a trámite demanda contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) presentada por un hombre que durante cerca de un año fue secuestrado y torturado por las organizaciones terroristas colombianas.
Se trata de la primera vez que la Justicia española admite a trámite una demanda civil contra una banda terrorista, y abre la vía para que otras víctimas puedan requerir judicialmente en España el embargo de bienes vinculados a las FARC -siglas que en la actualidad responden a la denominada, desde el pasado año, Fuerza Alternativa Revolucionaria en Común-, el ELN, o sus integrantes.
La demanda fue presentada por la representación legal en España, el despacho Cremades & Asociados, de un ciudadano venezolano que fue secuestrado y torturado por el ELN y las FARC en 1997. El hombre demandó en 2010 a las organizaciones terroristas en Estados Unidos, solicitando una indemnización de 100 millones de dólares.
La demanda, además de ser la primera civil admitida en España contra una banda terrorista, tiene la particularidad de que está firmada con un pseudónimo
En 2012 la justicia estadounidense condenó al ELN y a las FARC a indemnizar con 36,8 millones de dólares al demandante. Al haberse conocido casos en los últimos años en España de intervenciones policiales contra presuntos narcotraficantes y terroristas vinculados a las FARC, el ciudadano venezolano decidió requerir en España el embargo de bienes para ejecutar la sentencia dictada en Estados Unidos, presentando demanda civil en noviembre de 2016.
La demanda fue inadmitada por uno de los juzgados madrileños en los que recayó, pero la Audiencia Provincial de Madrid revocó esa resolución en recurso de apelación interpuesto.
En el reciente decreto en el que el juzgado de primera instancia de Madrid admite a trámite la demanda, al que ha accedido este diario, se indica que para emplazar al procedimiento abierto a las FARC habrá de realizarse conforme al Convenio de La Haya XIV a través de la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia. Respecto del emplazamiento del ELN, al no poderse llevar a cabo la comunicación de la demanda por medios electrónicos, se procederá a otra medida.
Ciudadano John Doe
Además de ser la primera demanda civil admitida a trámite en España contra una organización terrorista, la medida adoptada por el juzgado de primera instancia de Madrid tiene la particularidad de que acepta la demanda firmada por un nombre que en realidad es un pseudónimo.
El nuevo Gobierno colombiano ha prometido revisar los acuerdos de paz, pero sin hacerlos "trizas"
La justicia estadounidense permite la presentación de demandas por personas que solicitan mantener su identidad en el anonimato, la cual se identifica bajo el pseudónimo estándar de John Doe.
El juzgado madrileño ha admitido a trámite la demanda presentada en representación de John Doe, acompañada de la resolución del tribunal de Florida que condenó en 2012 a las bandas terroristas colombianas a indemnizarle con 36,8 millones de dólares, la que pretende ejecutar ahora en España.
Nuevo Gobierno colombiano
En noviembre de 2016 el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC firmaron un acuerdo de paz para poner fin al conflicto bélico que durante medio siglo sufrió el país, tras años de negociaciones durante los que se mantuvieron conversaciones en La Habana (Cuba) y en Oslo (Noruega).
Tres meses antes, en septiembre de 2016, el Gobierno colombiano alcanzó un acuerdo de paz que fue rechazado por una mayoría de colombianos en un plebiscito celebrado el 2 de octubre de ese año, y que obligó a los negociadores a replantear el texto definitivo, lo que da idea de las dificultades existentes para poner fin a un enfrentamiento bélico que dividió al país. El entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, contó con la oposición de los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana.
Uno de los temas del acuerdo que más llamó la atención de la población colombiana fue la reclamación económica que debía hacer el Gobierno del país a la organización terrorista. Santos, que recibió el Nobel de la Paz, aseguró cuando comunicó el acuerdo de paz que las FARC tendrían que "declarar y entregar todos sus bienes, so pena de perder los beneficios, y se usarán para reparar a las víctimas".
El pasado 17 de junio Iván Duque, 41 años, candidato del partido de centro derecha Centro Democrático, vinculado políticamente a Álvaro Uribe, resultó elegido nuevo presidente de Colombia. En la misma noche de su elección como presidente, Duque dijo que modificaría los acuerdos de paz firmados con las FARC, pero sin hacerlos "trizas".
La admisión a trámite de la demanda presentada en España por una víctima de las FARC será posiblemente uno de los temas que tratarán los nuevos representantes de los gobiernos de Colombia y España.
