El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Madrid ha estimado el recurso colectivo interpuesto por la Plataforma de Afectados/as por la Vivienda Pública y Social (PAVPS) en el año 2013 contra la venta de 2.935 vivienda públicas del antiguo Instituto de Vivienda de la Comunidad de Madrid (Ivima) al fondo de inversión Encasa Cibeles.
La sentencia, dictada el 3 de septiembre, reproduce los argumentos expuestos en el fallo emitido el pasado 21 de mayo por el Juzgado de lo Contencioso número 29 de Madrid, al considerar que la enajenación produce, entre otras muchas vulneraciones, una "vulneración de los principios de protección a la familia, de protección a los menores y del derecho a una vivienda digna".
Igualmente, considera que la afirmación del Ivima mediante la cual justificaba la venta alegando la "inncesariedad" de las viviendas está "totalmente injustificada".
"Un acuerdo de enajenación a un tercero y en un solo acto de tan elevado número de viviendas, integrantes de 32 promociones, supone toda una alteración del programa de actuación del IVIMA, cuya aprobación es competencia del Consejo de Administración a tener del artículo 8.6 del decreto 54/1986, pues supone una modificación sustancia de las características y propias y específica de cada promoción", señala la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press.
Un camino para sentencias favorables
Para la Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social (PAVPS), con esta sentencia "se consolida por fin el camino para que después de cinco años los inquilinos afectados por la venta de sus viviendas públicas a fondos buitres empiecen a obtener sentencias favorables que dictaminan que aquella venta fue totalmente irregular, y que las viviendas vendidas a fondos buitre deben volver a ser públicas".
"Con esta sentencia se abre de nuevo la oportunidad para que la Comunidad de Madrid revierta esta negligente operación y repare el daño causado a miles de familias", señalan.
También han recordado que hace unos días en una entrevista el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, afirmó que "vender vivienda pública a fondos de inversión fue un error, estuvo mal". "Ahora tiene la oportunidad de demostrar que es coherente y no sólo no recurre esta sentencia, sino que revierte la totalidad de la venta que supuso el desmantelamiento del parque público de vivienda de la Comunidad de Madrid", le ha pedido la asociación.
