Economía comienza a modular su negativa a admitir cambios en el articulado de la Ley de Cajas durante el trámite parlamentario. La firmeza se mantiene en cuanto al veto impuesto por Luis de Guindos a que los presidentes de las actuales cajas puedan compatibilizar sus cargos en los bancos que ejercen su negocio financiero y en las futuras fundaciones. Sin embargo, la veta de la negociación sí se ha abierto para modificar una serie de cuestiones técnicas que pueden dejar a los bancos de las cajas en una situación de desventaja frente a los socios de la AEB.
Isidro Fainé (La Caixa), Mario Fernández (Kutxabank), Braulio Medel (Unicaja), Amado Franco (Ibercaja) y Manuel Menéndez (Liberbank), los presidentes más afectados por la nueva regulación, han centrado sus peticiones en el cambio de las exigencias de capital que exige la nueva ley a las cajas que mantengan más del 50% del accionariado o una posición de control sobre su banco.
La nueva norma exige a las cajas que estén en esta situación a tener que dotar con sus propios recursos un fondo de reserva para cubrir posibles necesidades de capital futuras del banco. Este nuevo requerimiento de capital no será homogéneo entre las entidades sino que se modulará en función de una serie de factores como si el banco cotiza o no en Bolsa, el nivel de concentración de riesgos de la entidad, las necesidades de recursos propios previstas en el plan financiero y el valor de los activos ponderados por riesgo de la entidad participada y el volumen de la participación de la fundación bancaria en la entidad.
Junto a este fondo de reserva, las fundaciones tendrán que mantener la obra social con las aportaciones de los dividendos que reciban de su participación en los bancos.
El Gobierno parece dispuesto a cambiar la medida al entender que las cajas, por si mismas, no tienen suficientes recursos para la creación de ese fondo de reserva y que serán finalmente los bancos quienes nutrirán esa dotación a través de sus dividendos. “Si al final, ese dinero tiene que dotarse para cubrir futuras necesidades del banco, lo lógico es que el fondo quede en el banco no en la fundación”, asegura el presidente de una de estas cinco cajas.
En esta misma línea se expresa Mario Fernández. A su juicio, esta exigencia conduce en la práctica a una "descapitalización" de los bancos. “Con esta medida, tendremos que pasar de repartir un 30% de dividendos para la obra social a elevar este reparto hasta el 70% ó 80%, con lo que el banco queda seriamente dañado en cuanto a capital y solvencia”, reflexiona el presidente de Kutxabank. "El esquema conduce a una solución inversa a la pretendida", asevera.
“Confío con los contactos que venimos manteniendo que los temas más relevantes, que son cuestiones técnicas, no políticas ni ideológicas, se podrán solucionar en el trámite parlamentario", asegura el banquero vasco.
Los dirigentes de las cajas sanas negocian también los problemas de inconstitucionalidad sobre propiedad e igualdad ante la ley que a su juicio podrían estar conculcándose en el proyecto. Estas entidades podrán acudir a las ampliaciones de capital de las entidades en donde agrupen su negocio bancario, frente a la negativa prevista al anteproyecto de ley. No obstante, no podrán ejercer los derechos políticos correspondientes al incremento de su participación.
Mario Fernández considera que este apartado afecta a derechos constitucionales como la propiedad o la libre empresa. Aporta que la obligación directa o indirecta de enajenación equivale a una expropiación con la diferencia de que en ésta “me pagan su valor, y en la nueva norma eso no está garantizado”, lo que va a provocar el deterioro patrimonial de la fundación bancaria. También se vulnera el derecho de igualdad ante la ley, ya que “establece un régimen diferenciado para los bancos que fueron cajas y para los accionistas de esos bancos”.
El consenso entre los presidentes para introducir cambios en estas medidas parece desinflarse alrededor de la principal reivindicación de Fainé: poder mantenerse al frente de la futura fundación de La Caixa y Caixabank. “Economía sí se muestra inflexible, por el momento, en este aspecto. Es una pelea perdida y tiene más sentido poder abrir el debate en otros puntos”, incide uno de los dirigentes afectados.
El pasado jueves, Mario Fernández, en su intervención en el curso de la APIE, celebrado en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander, confirmó que no tiene "la menor intención" de continuar como presidente de la fundación. Esta posición debilita las intenciones de Fainé. CiU no contará con el apoyo del PNV, sobre esta cuestión en la tramitación de enmiendas en el Congreso.
