Mariano Rajoy tiene ante sí una semana decisiva en la UE. Incluso si en la lontanaza se avizoran ciertos signos de mejora, parece difícil que ello se traduzca en una gran creación neta de puestos de trabajo. Así que el presidente peleará en el Consejo Europeo que se celebrará los próximos 27 y 28 de junio por que haya más recursos destinados al empleo y al crédito a pymes.
De un lado, busca que el Banco Europeo de Inversiones movilicen todos los recursos posibles. Según cálculos del Ejecutivo español, sobre una base de 10.000 millones de capital recién inyectados se podrían conceder unos 60.000 millones en préstamos a pymes. Y esos créditos podrían empaquetarse y titulizarse hasta obtener en total unos 160.000 millones. Pura ingeniería financiera igual que se hizo con las hipotecas en España o con las subprime en EEUU. Por el momento, hay cierto consenso sobre la cifra de 100.000 millones. Pero Rajoy buscará que se aporte más dinero al BEI con el fin de reeditar un auténtico plan Marshall.
Sin embargo, esta propuesta no está exenta de problemas. La cantidad que hay que colocar en los mercados es inmensa y se precisaría que el BCE comprase, algo que se antoja casi imposible en tanto se está pendiente de que el Tribunal Constitucional alemán dé su visto bueno al programa de adquisición de deuda soberana ideado por Mario Draghi.
De otro lado, según fuentes del Gobierno, el presidente español pedirá más recursos para el empleo que los ya anunciados. Hasta ahora, la UE ha comprometido unos 6.000 millones, una cantidad bastante corta para las dificultades que hay que afrontar. Y como no parece probable que no se computen para el déficit las partidas dirigidas a combatir el paro, Rajoy sugerirá otras alternativas, verbigracia que se apalanquen también esos fondos para multiplicar los recursos.
Y para ello cuenta con as en la manga. En Alemania se ha producido un leve giro. Según relatan fuentes del Gobierno, a Merkel ahora sí le preocupa cómo se percibe a los germanos en el sur de Europa, y las consecuencias que esto puede tener para el futuro de la Unión.
Además, la canciller observa con inquietud la atomización padecida por los principales partidos de la periferia europea y cuán difícil se antoja gobernar en naciones como Grecia o Italia. En este sentido, el pacto entre el Gabinete de Rajoy y Rubalcaba supone una garantía de que nuestro país cumplirá con los compromisos adquiridos gane quien gane en las urnas.
En Bruselas ya no importa tanto el objetivo de déficit como las reformas. De ahí que nos hayan puesto fecha a todas las medidas exigidas a cambio de concedernos una relajación de dos años en los objetivos presupuestarios. Los mismos alemanes tuvieron que disparar el gasto para compensar el agotamiento de la población cuando se impusieron las reformas allá con Schroeder de canciller.
Y Rajoy intentará aprovechar este clima un poquito más propicio para suavizar algunas de las medidas solicitadas por la Comisión, como por ejemplo el alza del IVA.
El otro punto de conflicto es la unión bancaria. Alemania se niega a poner más dinero sobre la mesa. Sólo se ha aprobado un minifondo con apenas recursos para apoyar los rescates cuando un Estado no pueda por sí solo atenderlo, lo cual implica que no se logrará romper el vínculo entre el riesgo bancario y el soberano.
Los ministros de Finanzas de la UE tendrán que fijar este miércoles las reglas para los salvamentos de entidades. En principio, las pérdidas se encajarán por el siguiente orden: primero los accionistas, luego los preferentistas, a continuación los bonistas senior y, al final, los depósitos de grandes empresas. Los depósitos de pymes por encima de 100.000 euros sólo sufrirán quitas cuando los anteriores no sean suficientes para cubrir el agujero. Los impositores con menos de 100.000 euros siempre estarán protegidos, lo mismo que los particulares con más de 100.000 euros.
Con la oposición de Alemania, Francia persigue que los Estados dispongan de margen para evitar estas quitas. Se ha barajado que un 8 por ciento de los pasivos bancarios sufran pérdidas antes de que cualquier país pueda poner fondos en un banco. Y que una vez que lo haga, que únicamente pueda aportar por valor del 5 por ciento de dichos pasivos. Estos rescates se costearán con los fondos de garantía prefinanciados por las entidades nacionales.
