El Gobierno anunció anteayer por un lado la elevación del objetivo de déficit para este año y por otro, la implementación de un mecanismo de pagos a través del ICO para que los ayuntamientos y las comunidades autónomas liquiden sus pagos con acreedores. El Ejecutivo promoverá, así, un crédito ICO a 10 años de 35.000 millones de euros. Sin embargo, algunos expertos han mostrado su temor ante esta operación. Subrayan que toda la liquidez llega del Banco Central Europeo (BCE) a tres años y este enorme préstamo excede en mucho el plazo al que el organismo emisor está prestando el dinero.
En estos términos se expresaba José Carlos Díez, economista jefe de Intermoney: “No entiendo cómo el gran crédito del ICO tiene un periodo de 10 años. Debería ajustarse a 3, que es el plazo al que el BCE está concediendo la liquidez, que es con lo que se está moviendo todo. Si estamos de acuerdo en que la economía debe desapalancarse, no entiendo por qué se actúa así”.
El Tesoro se ha financiado durante los meses recientes gracias a la gran inyección del BCE (LTRO), mediante emisiones a corto, pero también a largo plazo. El crédito del ICO será sindicado con la práctica totalidad de las entidades financieras españolas, tal como aseguraron ayer en el Consejo de Ministros. Dentro de 3 años habrá que devolver el dinero al BCE, pero este crédito para acreedores de ayuntamientos y comunidades tiene 10 años de vida, con dos años de carencia. El economista consultado expresaba sus dudas sobre el hecho de que las corporaciones locales comenzaran a pagar dentro de dos años, con sólo uno de margen para la devolución al BCE.
Díez se mostraba escéptico, además, con las palabras de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, cuando dijo que estos pagos irían directamente a las pymes y por tanto a la economía: “los principales acreedores de la administración son grandes empresas, que emplearán el dinero para reducir deuda. Cuando cobre una gran corporación sanitaria le entrará el dinero por una mano y le saldrá por la otra”.
Eso sí, el experto reconoce que “pueden pasar cosas buenas, a pesar de que el cuadro interno presentado por Luis de Guindos es un drama”. En este sentido, la mejoría tiene que llegar del sector exterior: “si Alemania mejora y el petróleo baja un poco, las cosas pueden ir algo mejor”.
El déficit, mejor
El economista valora la elevación del objetivo de déficit: “era lo que había que hacer de acuerdo a la política económica, aunque en Europa manda la economía política”. Así, antes de señalar que Rajoy ha triunfado en Bruselas, quiere ver cómo termina de digerir Ángela Merkel y el comisario económico europeo, Olli Rehn este cambio de postura.
Juan Iranzo, director del Instituto de Estudios Económicos, considera lógico que el presidente del Gobierno haya revisado en Bruselas el objetivo de déficit. La anterior previsión estaba establecida en función de dos variables: un déficit anunciado del 6% que ha sido mucho mayor, junto a unas previsiones de crecimiento del 2%, cuando la economía ha finalizado el año decreciendo.
“Lo importante es, como ha dicho el ministro Montoro, llegar a 2013 con un déficit estructural del 3%. Ese es el compromiso real”. ¿Alemania puede enfadarse con este cambio? “La revisión ha llegado después de un programa de convergencia y reformas estructurales”, puntualiza. De todas formas, Iranzo reconoce que “2012 será un año complicado”.
Un director de inversiones de una importante casa de análisis indicaba que “Rajoy ha sido muy valiente. Pese a sus intentos por cumplir lo prometido, ir al 4,4% significaba llevar a España a un escenario de extrema pobreza. La clave estará en si se puede aplicar rigor a las comunidades autónomas”.
Desde el PSOE, Inmaculada Rodríguez Piñero, secretaria de Economía y Empleo, comenta que “saludamos que el Gobierno haya rectificado y presente un techo de gasto para un ajuste más suave que el exigido por Bruselas”. Sin embargo muestran su preocupación por el cambio de criterio y que “el Gobierno haya tirado la toalla en la lucha contra el paro. No puede ser que se conforme con una previsión de destrucción de 630.000 empleos tras cuatro años de crisis. Es intolerable que después de haber utilizado las cifras del paro como elemento arrojadizo en la etapa de oposición, el ministro Guindos hable ahora de que hay que “desmitificar las cifras del paro”.
