El riesgo de que la deuda pública de España se vuelva insostenible a medio plazo es alto. Lo dice la Comisión Europea en su último informe sobre Sostenibilidad Fiscal, un nuevo varapalo para el Gobierno que se suma al de la OCDE. Bruselas, que espera recibir la hoja de ruta planteada en nuestro país en septiembre, anticipa así la necesidad de llevar a cabo fuertes ajustes a partir de 2025, cuando volverán a reactivarse las reglas fiscales.

La Comisión Europea lleva años alertando del elevado riesgo de la deuda pública en España, y pese al optimismo del Gobierno, su visión no ha cambiado. En su último informe considera que, en base a la dinámica de la deuda en el escenario base y sin cambios en la política fiscal, nueve Estados miembros "corren un alto riesgo de sostenibilidad fiscal a medio plazo", entre los que está España.

También Bélgica, Grecia, Francia, Italia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia y Finlandia despiertan preocupación en Bruselas. El motivo de España, Bélgica, Francia e Italia son los "actualmente elevados" ratios de deuda, que además la Comisión prevé que aumenten a medio plazo. "Las necesidades de financiación proyectadas sugieren que los países con los ratios de deuda más altos están más expuestos a posibles desafíos de liquidez", apunta.

Además del informe general, la Comisión ha publicado otro en profundidad sobre España, en el que alerta de que es "necesario" un "esfuerzo adicional" de consolidación para que España alcance una "posición presupuestaria saneada" y garantice una reducción "significativa" de sus altos niveles de deuda pública y déficit estructural. De hecho, considera que la política llevada a cabo en los últimos años ha sido "limitada".

En España el Gobierno ha destacado el descenso de 17,6 puntos en la ratio de deuda sobre PIB desde el máximo de la pandemia, cerrando el 2023 en el 107,7%, pero esto se debió fundamentalmente a la fuerte inflación y el intenso crecimiento del PIB. De hecho, el análisis del Ejecutivo comunitario proyecta una tendencia alcista en los próximos años si no se toman medidas.

Sin medidas adicionales, la ratio de deuda pública bajará este año al 106,5%, pero volverá a crecer hasta aproximarse al 109% a finales de esta década, alcanzando 118% en 2034, año hasta el que llega su proyección. Bruselas considera que la deuda pública de los países debe situarse por debajo del 60% y antes de la pandemia la española se localizaba en el 98,2%. En 2010 fue la última vez que se situó por debajo del 60%.

El coste de las pensiones en España

El principal factor que presionará al alza la deuda ya en el largo plazo, tal y como apunta la Comisión Europea en su informe, son las pensiones. El envejecimiento de la población, con un incremento del número de pensionistas, que además acceden con pensiones más elevadas, ha llevado a Bruselas a revisar el nivel de riesgo fiscal de España en casi cinco puntos al alza en uno de sus indicadores de largo plazo.

 Los datos publicados por el Banco de España (BdE) reflejan un incremento de la deuda de la Seguridad Social del 182% en los últimos cinco años. El año pasado por estas fechas ya rompió la barrera de los 100.000 millones y actualmente acumula más de 116.000 millones de euros, récord histórico. 

Fue el pasado mes de noviembre cuando esa cifra registró un gran salto, del 9%, desde los 106.000 millones de euros en los que se había mantenido todo el año, por el préstamo de 10.000 millones que necesitó del Estado para pagar la nómina 'extra' de las pensiones a finales de año. El Fondo de Reserva de la Seguridad Social (conocido como 'la hucha de las pensiones') lleva años sin dinero suficiente para cumplir con estas obligaciones.

La Seguridad Social mantuvo sus niveles de deuda estables, en torno a los 17.000 millones de euros, durante décadas. Sin embargo, en 2017 se encontró sin dinero suficiente para pagar la 'extra' de verano a los pensionistas y recibió el primer préstamo del Estado, que se sucedió de muchos otros para poder afrontar el creciente coste de las pensiones.

Según la Comisión Europea, 14 Estados miembros presentan riesgos generales de sostenibilidad fiscal a largo plazo (Bulgaria, Chequia, Alemania, Irlanda, España, Francia, Italia, Lituania, Hungría, Países Bajos, Austria, Polonia, Rumanía y Finlandia), debido principalmente al aumento previsto de los costes de envejecimiento.

Bruselas espera un plan fiscal con ajustes

Dentro de sólo seis meses España tendrá que presentar a Bruselas la hoja de ruta fiscal que seguirá en los próximos años, coincidiendo con la presentación del Proyecto de Presupuestos para 2025. La maquinaria de las nuevas reglas fiscales entrará en funcionamiento en 2025 y se mantendrá activa durante toda la legislatura, debiendo garantizar el Ejecutivo ajustes de entre el 0,4% y el 0,6% del PIB anuales.

Estos ajustes se podrán situar en la parte baja de la horquilla (0,4%) y alargar a siete años (hasta 2031) si se avala que hay reformas e inversiones en marcha, pero en todo caso en España rondarán los 8.000 millones de euros anuales. Distintos servicios de estudios han advertido de que esto enfriará la economía, que ha mantenido un crecimiento sorprendentemente fuerte en los últimos años, reduciendo automáticamente la ratio deuda/PIB.

En todo caso, el endeudamiento bruto no ha dejado de crecer. En el caso de España, la deuda pública según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) se elevó en 72.000 millones en 2023, cerrando el año en los 1,574 billones de euros. El ritmo de crecimiento anual es del 4,8%, frente al 1,2% de 2019. Y desde que Pedro Sánchez es presidente el volumen de deuda ha aumentado en 380.000 millones de euros. 

A esto se suman ahora las consecuencias del endurecimiento de las condiciones monetarias desde 2022. En 2023 el Tesoro ya pagó 4.600 millones de euros más sólo en intereses de la deuda pública. La subida de los tipos y el abultado volumen de deuda desbordó las previsiones del Gobierno en esta partida, que supone el segundo gasto más importe de los Presupuestos sólo por detrás de las pensiones.

Bruselas calcula que las necesidades brutas de financiación del sector público en España se situarán en los próximos años muy cerca del 20% del PIB y superarán ese nivel a finales de esta década. De hecho, según sus economistas, nuestro país estará entre los Estados miembros con mayor necesidad bruta de financiación sobre PIB, junto a Italia, Francia y Bélgica. La Comisión sitúa el umbral crítico, de "posible tensión fiscal", en el 16%.

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