La Comisión Europea ha publicado la cifra de empresas beneficiadas con los fondos Next Generation EU en España en el primer semestre de 2023. Según sus cálculos, fueron alrededor de un 4,98% de todas las compañías, de menor o mayor tamaño, que componen el tejido productivo del país. Unas 150.000 de las 3,1 millones de empresas que, según Eurostat, había en 2019, momento que Bruselas toma como referencia para su estimación.
El porcentaje de empresas beneficiadas entre enero y junio de 2023 fue ligeramente más modesto que el del periodo anterior, según reflejan los datos de Bruselas consultados por Vozpópuli. Entre julio y diciembre de 2022 se adjudicaron subvenciones o licitaciones a un 5,6% de las empresas (unas 170.000), mientras que en el primer semestre de 2022, cuando los fondos prácticamente estaban arrancando, el porcentaje fue de sólo el 1,1% (alrededor de 34.000).
En definitiva, el acumulado de empresas que habían optado al mecanismo de recuperación hasta junio de 2023 en España rondaba las 360.000, cerca de las "más de 400.000" a las que apuntan desde el Gobierno. Sin embargo, la Comisión expresa los datos en términos relativos para poner en evidencia que sólo representan alrededor de un 12% del total. Son doce de cada cien.
En definitiva, la "velocidad de crucero" a la que el Ejecutivo dice que van los fondos europeos se percibe moderada en las cifras que proporciona la Comisión Europea. Al menos en las de las empresas privadas. A finales del año pasado el Gobierno publicó la lista de los 100 mayores beneficiarios y desveló que el 60% de los principales receptores son entidades públicas, que además copan el 88% del dinero adjudicado.
En el conjunto de la UE se habría beneficiado a través de los fondos Next Generation a casi dos millones de empresas hasta el primer semestre de 2023, según Bruselas. Esto implica que alrededor de un 18% de ese apoyo empresarial corresponde a España. Sin embargo, sobre algunos países aún hay datos actualizados. Además, más destable es el caso de Francia, donde se ha beneficiado a cerca de un 40% del tejido productivo del país, más de un millón de empresas.
Fondos y evaluaciones pendientes
De momento España ha recibido 37.000 millones de euros de los 160.000 millones que puede 'captar', entre subvenciones y préstamos. Tras la gestión de las administraciones públicas de ese dinero se estima que habrían llegado a la economía, según cálculos de Bruselas, unos 20.000 millones (0,2% del PIB en 2021, 0,4% del PIB en 2022 y 1% del PIB en 2023). Este año espera que se ejecuten otros 20.000 millones.
En febrero, además, la Comisión Europea publicará la primera evaluación de los fondos UE y se apoyará en un estudio externo realizado de forma independiente por un consorcio de consultoras. Como dicta el reglamento, realizará dos: una intermedia, justo en el ecuador de la implementación del programa, y otra ex-post, ya en 2028. En el informe deberá evaluarse en qué medida se han logrado los objetivos, la eficiencia en la utilización de los recursos y el valor añadido europeo.
Todo lo que se ha desembolsado hasta el momento desde Bruselas a España son fondos no reembolsables, pero algo más de la mitad de los 160.000 millones que se pueden solicitar hasta 2026 son préstamos 'blandos'. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció este jueves en el Congreso que Bruselas transferirá a España los primeros 340 millones de estos préstamos en forma de prefinanciación.
También llegarán próximamente, según Montero, 1.040 millones de los 10.000 millones 'extra' en subvenciones que Bruselas asignó a España por recuperarse más tarde de la pandemia y por la guerra en Ucrania. La mayor parte de estos fondos se destinarán a los grandes proyectos estratégicos (los denominados PERTE), donde se espera más participación de la empresa privada pero aún están aún en fases incipientes en la mayoría de los casos.
Además, el principal escollo para el Gobierno está ahora en el cuarto pago de subvenciones, por 10.000 millones, que el Gobierno tardó medio año más de lo previsto en solicitar por las elecciones y que se ha visto enturbiado por el castigo de Podemos a Yolanda Díaz con el rechazo del Real Decreto-ley 7/2023. La reforma del subsidio por desempleo era condición sine qua non para recibir el dinero y el hecho de que no saliera adelante puede tener una implicación clave: la primera suspensión de fondos, por unos 900 millones.
De momento, la gestión del cuarto pago, con un retraso de medio año, ya tiene un coste (político) para España, y es que Italia, Portugal y Grecia han tomado la delantera y ya han recibido más desembolsos. Nuestro país fue el primer país en pedir y recibir un desembolso de los fondos europeos Next Generation EU en 2021. Esa ventaja mantuvo a nuestro país en cabeza durante meses, permitiendo al Gobierno 'vender' una eficaz gestión con las alabanzas de Bruselas.
El plazo para completar el Plan de Recuperación finaliza el 31 de agosto de 2026. La Comisión no ve viable una prórroga e insta a los países retrasados en la ejecución a 'desviarlos' a intermediarios financieros para no perderlos. El Gobierno ya ha anunciado que canalizará a través del IDAE, ENISA, el ICO y el BEI, entre otros, 3.580 millones en subvenciones y 76.065 millones en préstamos para sortear la fecha del reglamento.
Sin embargo, el Banco de España ya ha advertido de que, en base a experiencias previas con los préstamos ICO, es previsible que sólo se pidan la mitad de los préstamos, alrededor de 40.000 millones. También apuntó que, en el momento que entren a la economía española, hay que registrarlos en las cuentas públicas como deuda pública, lo que elevará la ratio deuda/PIB en tres puntos entre 2025 y 2026.
