España está a punto de perder la oportunidad de captar cerca de 28.000 millones de euros de los Fondos Estructurales y de Inversiones de la Unión Europea pertenecientes al periodo 2014-2020. Ha sido el Estado miembro que menos ha sido capaz de ejecutar respecto a lo presupuestado, sólo un 63% (47.300 millones de cerca de 75.000 millones) a cierre de septiembre de 2023, según datos de la Comisión Europea. Por esa razón, con la guerra, la inflación y el colapso de los fondos Next Generation como excusa, negocia ahora la extensión de los plazos.

El plazo legal para gastar dinero con cargo a los Fondos Estructurales 2014-2020 (es decir, para que realizar la inversión que sería subvencionable por la UE) venció el 31 de diciembre de 2023. Había cinco vías: el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE), el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) y la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ).

España es el tercer país de la Unión Europa con más presupuesto asignado a través de estos fondos para el periodo 2014-2020, sólo por detrás de Polonia (111.440 millones) e Italia (93.700 millones). Sin embargo, las administraciones públicas españolas tenían aún 28.000 millones sin gastar a tres meses de que venciese el plazo, colocando a España en la peor posición. Italia tenía ejecutado un 70%; Polonia, un 88%; y en general, la media de la UE estaba en el 85%.

Fuentes de la Comisión Europea aseguran a Vozpópuli que "los beneficiarios aún podrían declarar sus gastos a las autoridades de gestión en el primer semestre de 2024 (estos plazos dependen de las normas nacionales), que luego se verifican y certifican". Esto da seis meses más de margen a los funcionarios del Ministerio de Hacienda para localizar gastos realizados hasta diciembre de 2023 que sean subvencionables a través de estos fondos y no se hayan declarado aún.

Las mismas fuentes informan de que "según las normas actuales, las solicitudes de pago final deben presentarse a la Comisión a finales de julio de 2024. Esto será auditado, seguido de un cierre y un saldo final para la mayoría de los programas en 2025". Sin embargo, desde la Comisión Europea también recuerdan las declaraciones de la comisaria de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira, en el Consejo de Asuntos Generales del pasado 30 de noviembre de 2023, durante la Presidencia española.

"Hemos introducido flexibilidades en las condiciones para el cierre de los programas 2014-2020 y hemos propuesto ampliar por un año la presentación de solicitudes de pago finales", señaló Ferreira en aquel encuentro, presidido por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y que resultó ser el "broche de oro" al semestre de Presidencia Europea a cargo de España.

De esta forma, fuentes conocedoras de la situación también informan a Vozpópuli de que el Gobierno estaría presionando para que se amplíe el periodo de justificación durante un año, con el fin de elevar el nivel de ejecución de España y no perder los fondos. De hecho, esas mismas fuentes apuntan que el deseo de Hacienda sería lograr un plazo adicional para ejecutar con cargo a los fondos estructurales 2014-2020, algo a lo que países como Holanda se oponen frontalmente.

Sobre este asunto ha alertado Finnova, fundación europea que apoya la financiación de la innovación en empresas, regiones y municipios. "El 31 de diciembre acabaron los tres años de gracia. Quiero creer que hay mucho más ejecutado y no se ha reportado la información, porque en caso contrario se perderían esos fondos", comenta su CEO, Juanma Revuelta.

Eva Poptcheva, eurodiputada de Ciudadanos y vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo, también ha denunciado la "monstruosa" burocracia a la que se enfrentan ciudadanos y empresas que aspiran a beneficiarse de los fondos, así como la "mala" planificación presupuestaria por parte de las administraciones públicas. "Para el periodo 2021-2027 España tiene casi el doble de fondos europeos a gestionar", advierte.

200.000 millones más de fondos UE

Estos fondos son sólo una mínima parte de lo que España deberá ejecutar en los próximos años. Con motivo de la pandemia, la Unión Europea lanzó un instrumento excepcional de recuperación temporal conocido como Next Generation EU, dotado con 740.000 millones, de los que 390.000 se repartirán entre los países en forma de subvenciones y los 360.000 restantes, en forma de préstamos 'blandos'.

España será el país más beneficiado a través de subvenciones si va cumpliendo los hitos y objetivos que ha pactado con Bruselas a cambio del dinero, plasmados en el denominado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Está previsto que reciba 77.200 millones en transferencias no reembolsables, a los que podría sumar otros 84.000 millones en forma de préstamos. En total, más de 160.000 millones.

De momento ha recibido 37.000 millones y han llegado a la economía unos 20.000 millones (0,2% del PIB en 2021, 0,4% del PIB en 2022 y 1% del PIB en 2023), según las estimaciones de la Comisión Europea. El Gobierno no ha proporcionado ese dato a día de hoy. El plazo para completar el Plan de Recuperación finaliza el 31 de agosto de 2026. La Comisión no ve viable una prórroga e insta a los países retrasados en la ejecución a 'desviarlos' a intermediarios financieros para no perderlos.

España ya ha pedido un cuarto pago por 10.000 millones de euros, pero el 'castigo' de Podemos a Yolanda Díaz con el rechazo del Real Decreto-ley 7/2023, que, entre otras cosas, reformaba el subsidio por desempleo, tiene una implicación clave para España: la primera suspensión de fondos europeos, unos 900 millones. Tal y como explicó a este periódico Santiago Sánchez, economista y profesor de la Universidad Católica de Ávila, esta era una de las 61 condiciones que España debía cumplir para recibir el pago completo.

A estos fondos Next Generation se suman también los del programa RepowerEU, 20.000 millones adicionales para acelerar la transición climática y reducir la dependencia de Rusia, de los que a España le corresponderían 2.600 millones. De hecho, el Gobierno en funciones ya los solicitó el pasado mes de junio a través de una adenda al Plan de Recuperación de los Next Generation EU.

Finalmente, están los próximos fondos 2021-2027. De nuevo, España es el tercer mayor beneficiario (sólo por detrás de Polonia e Italia) y alcanza una asignación financiera de ayuda UE, sumando el conjunto de los instrumentos, de 36.682 millones de euros, a los que se suma la aportación nacional de 23.039 millones. En total, se prevé una inversión de 59.722 millones.

A finales del 2022 el Estado llegó a un acuerdo con la Comisión Europea llamado Acuerdo de Asociación, un documento de carácter estratégico que recoge las grandes líneas de actuación y prioridades de inversión del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) y del Fondo de Transición Justa (FTJ).

"Un uso inteligente de los fondos estructurales es utilizarlos como palanca para complementar los Next Generation y los de financiación competitiva de Horizon Europe, Life o Erasmus. Hay que revertir la situación y acercarnos a la eficacia de Portugal. Son los primeros de la clase de 27 en aprovechar hasta el último euro para infraestructuras y un verdadero cambio del modelo productivo económico empresarial, apostando por economía descarbonizada, energías renovables, economía circular y digitalización", comenta Juanma Revuelta, de Finnova.

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