Es la segunda vez que el Gobierno cambia de versión con respecto al impacto que la falta de Presupuestos 2024 puede tener en la ejecución de los fondos UE. Ahora vuelve a la versión original, la que dio la ex vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, el pasado mes de agosto: La prórroga presupuestaria para el año 2024 "no supone ningún freno" para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ligado a los Next Generation EU.

En aquel momento, cuando se anunciaba la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo y se elucubraba con la de Sánchez y con los tiempos del próximo gobierno, Calviño aseguraba que los Presupuestos de 2024 no son necesarios para canalizar fondos UE. "Ojalá nos dé tiempo a aprobar los Presupuestos, pero si no es así, se extienden los de este año, que son muy positivos y permiten canalizar los fondos", dijo.

Sin embargo, en su primera visita a España como presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) a principios de febrero, Calviño cambió el guion y afirmó que "los Presupuestos son el instrumento para poder canalizar todos los fondos europeos". "Entre 2021 y 2023 han servido para canalizar las transferencias de los fondos europeos y ahora que entramos en la segunda fase los Presupuestos determinan el marco para poder desplegar esos préstamos", detalló.

Tras el acuerdo de investidura y con el interés del nuevo Gobierno en sacar adelante los Presupuestos, también la actual vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, informó ya en noviembre de que en la Orden de elaboración de los Presupuestos de 2024 "destaca la incorporación de los recursos procedentes de la Adenda al Plan de Recuperación", un documento aprobado por Bruselas en octubre y en el que se planifican desembolsos adicionales de fondos UE en forma de préstamos.

Posteriormente, en su comparecencia en el Congreso en enero, Montero también fijo como prioridades "la aprobación de los Presupuestos de 2024 y profundizar el despliegue de los fondos europeos con los recursos extra de la Adenda". Una versión que caló hasta este miércoles, cuando el Gobierno renunció a presentar unos Presupuestos para 2024 tras el adelanto electoral en Cataluña.

En un evento sobre fondos UE organizado por la Comisión Europea este jueves, el secretario de Estado de Economía, Israel Arroyo, fue preguntado sobre el posible impacto que podría tener esta decisión en la ejecución del dinero. "Los Presupuestos prorrogados contienen el suficiente espacio para llevar a cabo los desembolsos previstos", respondió. Después, en la rueda de prensa celebrada por la tarde, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, confirmó que la prórroga "no supone ningún freno" para la ejecución del Plan de Recuperación.

La rueda de prensa contó con la presencia del comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, quien comentó que "la Comisión Europea toma nota de la decisión". Sin embargo, aseguró que no les compete debatir este punto y añadió que tiene "plena confianza", por lo que le trasladó el ministro Cuerpo, en que el programa va a seguir avanzando y se verá afectado en modo alguno por la decisión".

Ambos coincidieron en que los esfuerzos se deberán centrar ahora no sólo en la elaboración de los Presupuestos de 2025, sino también en la elaboración del plan fiscal que el Gobierno y el resto de Estados miembros deberán presentar a la Comisión en septiembre, coincidiendo con la presentación del proyecto presupuestario. Ahí se deberán detallar los ajustes que pretende llevar a cabo el Ejecutivo desde 2025 para cumplir con las nuevas reglas fiscales.

Evita un pago parcial de fondos UE

La cuestión es que el Gobierno acumula un retraso de casi un año en la recepción de fondos UE. El último pago, el cuarto por 10.000 millones, se solicitó en diciembre, medio año después de lo que debía porque la convocatoria electoral torpedeó el cumplimiento de reformas e inversiones que se debían cumplir para recibir el desembolso. Cuando finalmente solicitó el pago a finales de año, se dieron por cumplidos todos los hitos pese a que al menos uno de ellos (y uno de los más relevantes) no lo estaba: la aprobación de la reforma del subsidio por desempleo.

El Ejecutivo asumía su aprobación en el Congreso unas semanas después, en enero, pero Podemos lo tumbó como 'castigo' a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Al haberse pedido ya el desembolso, el reloj empezaba a correr y la Comisión Europea tenía dos meses para analizar si todos y cada uno de los hitos asociados al pago de los 10.000 millones estaban cumplidos. Se dio un mes más, hasta el 20 de marzo, pero aún así la reforma no ha logrado salir adelante.

Por esa razón, la Comisión tendría que haber 'embargado' el dinero correspondiente al hito incumplido, el de la reforma del subsidio por desempleo, una penalización que el Gobierno quería evitar y que podría alcanzar los 900 millones de euros, prácticamente un 10% de la totalidad del cuarto pago.

La otra opción que tenía el Gobierno es, como finalmente ha ocurrido, negociar con Bruselas un retraso adicional de la evaluación del cuarto pago, más allá del 20 de marzo. El reglamento marca que "si surgen circunstancias excepcionales, la adopción de la decisión por la que se autorice el desembolso podrá aplazarse hasta tres meses". Y ese es el plazo que finalmente han acordado las dos partes. Es decir, aplazar la evaluación de Bruselas y consiguiente recepción de los 10.000 millones hasta el 20 de mayo.

En todo caso, si finalmente el Gobierno no logra sacar adelante en estos dos meses la reforma del subsidio por desempleo, el Gobierno se verá abocado a un pago parcial, es decir, recibirá el 90% del dinero y dispondrá de seis meses para subsanar el citado incumplimiento.

Si en ese plazo no da prueba del cumplimiento, la Comisión tendría unas semanas para ponerse en contacto de nuevo con el Gobierno y le daría un mes adicional para demostrar que sí se ha cumplido. Finalmente, si eso no pasa, valoraría ya la suspensión definitiva del pago. En definitiva, el Gobierno cuenta con casi diez meses adicionales de plazo (los dos meses que se han dado ahora más seis meses en caso de no lograr sacarla adelante más alrededor de otros dos meses si tras ese periodo se sigue sin cumplir).

El Ministro de Economía, Carlos Cuerpo, aseguró que esto no implica necesariamente que España no pueda avanzar en el Plan de Recuperación, pues dispone de "crédito suficiente para proceder a las inversiones previstas, por lo que la prórroga no supone ningún tipo de cortapisa ni freno en la ejecución de 2024". Además, en ese tiempo el Gobierno puede pedir los siguientes pagos de fondos UE si logra cumplir los hitos y objetivos.

Modifica de nuevo los compromisos del Plan

Además, el Gobierno ha aprovechado esta prórroga para solicitar también la "adaptación técnica" de algunos hitos, lo que según explican, permitiría agilizar la evaluación de la Comisión Europea. No afectaría a hitos clave, como la reforma del subsidio, ni al contenido y ambición de los hitos afectados; sino que serían modificaciones de la redacción propia de los hitos de inversión que facilitaría el 'aprobado' de los auditores.

Hay que recordar que no ha pasado ni un año desde que España modificó el Plan de Recuperación en la denominada Adenda, donde cambió decenas de hitos y objetivos en tiempo y forma. El ministro de Economía destacó este jueves que esto ha ocurrido ya en Alemania o Italia y desde la Comisión confirman que esta es una práctica frecuente que se generalizará en futuros pagos de fondos UE ante las dificultades para evaluar algunos hitos del Plan.

Cuerpo puso el ejemplo de las inversiones en redes de transporte: "Para facilitar la labor de certificación y reducir la carga administrativa, los hitos que se medían en millones de euros adjudicados ahora los mediremos en número de contratos adjudicados, para que sea más fácil certificar el cumplimiento de esos hitos", dijo. Aún se desconoce cuántos y qué hitos se modificarán, y el Gobierno deberá enviar a Bruselas el listado en las próximas semanas.

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