La reforma del sistema de financiación autonómica aprobada el 15 de julio de 2009 por el Consejo de Política Fiscal y Financiera estuvo condicionada por la voluntad del Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero de extender al conjunto de Comunidades Autónomas de régimen común (en adelante CCAA) el modelo definido en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, aprobado en julio de 2006. Esto supuso, en primer lugar, una ampliación importante de los tributos compartidos con el Estado, que se elevó al 50% para IRPF e IVA, y al 58% para los Impuestos Especiales de Fabricación. En segundo lugar, implicó un cambio importante en el diseño de los mecanismos de solidaridad interregional.
El artículo 206 del Estatuto catalán señala que "los recursos de la Generalitat, entre otros, serán los derivados de sus ingresos tributarios, ajustados en más o menos por su participación en los mecanismos de nivelación y solidaridad". Estos mecanismos de nivelación debían diseñarse de forma que sirvieran para garantizar que todos los gobiernos autonómicos dispusieran de los recursos necesarios para que los servicios esenciales del Estado del bienestar -sanidad, educación y servicios sociales- pudieran alcanzar niveles de prestación similares en el conjunto del Estado.
Madrid es, de todas las Comunidades Autónomas, la gran solidaria, seguida a mucha distancia de Cataluña (15,21%) y Baleares (3,14%). Con una intensidad desigual, el resto de Comunidades han sido receptoras netas de fondos
En su redacción original, el artículo 206.3 del Estatuto catalán condicionaba esta nivelación de recursos a que las distintas CCAA llevaran a cabo un esfuerzo fiscal similar, pero este requisito fue declarado inconstitucional por la sentencia del Tribunal Constitucional 3/2010, de 28 de junio de 2010. La aplicación de este sistema de nivelación obligó a la creación del denominado Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales (FGSPF), al que las distintas CCAA de régimen común aportan el 75% de sus ingresos tributarios normativos, recibiendo una aportación adicional del Estado que se fijó en el 5% de su importe en el año base de aplicación del sistema. Esa dotación al FGSPF se reparte posteriormente entre las 15 comunidades de régimen común en función de la población ajustada, que mide las diferencias en necesidad entre CCAA por tener poblaciones heterogéneas, y cuyo cálculo se actualiza anualmente.
Resulta interesante analizar cuál ha sido el reparto interterritorial del FGSPF desde su entrada en vigor en 2009 hasta 2019, último año con una liquidación definitiva del sistema. Esta información se contiene en la Tabla adjunta. La Comunidad de Madrid ha sido la gran aportadora a la solidaridad interterritorial. Con una capacidad tributaria del 20,44% del total, su participación en el reparto del FGSPF según población ajustada se reduce al 14,16 por ciento del total. Esto implica que en esos 10 años Madrid ha financiado a las restantes CCAA con algo más de 36.000 millones de euros procedentes de los impuestos pagados por los madrileños, cantidad que supone el 43,35 por ciento de las transferencias netas realizadas al FGSPF. Madrid es, de todas las Comunidades Autónomas, la gran solidaria, seguida a mucha distancia de Cataluña (15,21%) y Baleares (3,14%). Con una intensidad desigual, el resto de Comunidades han sido receptoras netas de fondos.
Estas cifras desmienten las continuas críticas y descalificaciones que se producen sobre la política fiscal de la Comunidad de Madrid, tanto desde el Gobierno central como desde otros Gobiernos autonómicos. Constituye un auténtico sarcasmo y un insulto a la inteligencia que se califique como “insolidaria” a la Comunidad sobre la que descansa la mayor parte de la nivelación interterritorial de recursos en nuestro país. Sobre todo, teniendo en cuenta que estos críticos ocultan de forma maliciosa que, a pesar de su nivel de renta y riqueza, la aportación de las comunidades forales de Navarra y el País Vasco a la solidaridad es nula, es decir, es simplemente inexistente.
