IAG tiene más dolores de cabeza que la salida del Reino Unido de la Unión Europea. La matriz de Iberia, Vueling, Air Lingus, Level y British Airways ha anunciado a sus inversores que cuenta con una provisión de 88 millones de euros para afrontar tres conflictos que tiene encima de la mesa. "No es probable que se produzcan pérdidas sustanciales derivadas de dichos pasivos contingentes", matiza la compañía.
El primero de ellos llega por una acusación desde la Bruselas. La Comisión Europea emitió una decisión en la que fallaba que British Airways y otros 10 grupos de aerolíneas habían participado en prácticas anticompetitivas en el sector del transporte aéreo de carga. Este fallo desembocó en una multa de 104 millones de euros a British Airways. La compañía de IAG pagó esta multa, después de que el Tribunal de Justicia desestimase su recurso.
En paralelo, la Comisión Europea adoptó una nueva decisión en marzo de 2017 y volvió a imponer multas a todas las aerolíneas involucradas en estas presuntas prácticas anticompetitivas, con una nueva sanción de 104 millones de euros. La aerolínea británica ha recurrido de nuevo esta réplica de Bruselas, pero ahora se encuentra con que un gran número de demandantes particulares han abierto procesos en los tribunales ingleses reclamando a British Airways los daños y perjuicios.
British Airways se ha unido al resto de aerolíneas que supuestamente han participado en las prácticas anticompetitivas para sufragar dichos daños y perjuicios, aunque varias de estas demandas ya se resolvieron en 2018. Por su parte, la aerolínea de IAG también es parte en litigios similares entablados en otras jurisdicciones, como Alemania, los Países Bajos y Canadá, junto con otras aerolíneas. "Actualmente, se desconoce cuál será el resultado de estos procesos. En cada caso, se tendrá que evaluar el efecto preciso, en su caso, de la supuesta actividad anticompetitiva sobre los demandantes", explica la compañía a sus inversores.
Robo de datos
Otro de los asuntos que ha golpeado a British Airways en los últimos meses ha sido la sustracción de datos personales de algunos de sus clientes. En septiembre de 2018 hizo público este ataque y, un mes después, la compañía confesó que era peor de lo esperado. El 4 de julio de 2019, la Oficina del Comisionado de Información (ICO) informaba a la compañía que tenía intención de imponerle una multa de aproximadamente 183 millones de libras esterlinas (205 millones de euros) en virtud de la ley de protección de datos del Reino Unido.
La filial de IAG prepara su defensa. Mientras, el ICO consulta a otras autoridades este expendiente y, durante 2019, podría hacer efectiva esta multa. "La intención de British Airways es defenderse en este asunto con todos los medios a su alcance, incluidas todas las vías de recurso disponibles en caso necesario", explica la compañía.
La aerolínea defiende que no ha quedado demostrado que se haya incumplido sus obligaciones en virtud de la Ley de Protección de Datos Europea (GDPR) y de la Ley de Protección de Datos del Reino Unido. Los consejeros de IAG creen que en estos momentos no resulta posible estimar con fiabilidad la cuantía de una multa del ICO, en el caso de que este organismo la imponga. Por lo tanto, no se ha constituido ninguna provisión a 30 de junio de 2019.
Aumento del plan de pensiones
Junto a estos dos sucesos, IAG cuenta con otro tercer problema con British Airways. La administradores de su plan de pensiones, Airways Pension Scheme (APS), propusieron un aumento discrecional adicional por encima del IPC en los pagos de pensiones para el ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2014. Una decisión que recurrió la aerolínea e inició procesos legales para esclarecer la legitimidad del aumento discrecional.
El tribunal dio la razón a los administradores del plan de pensiones e IAG recurrió el fallo. Un recurso que tuvo éxito para la aerolínea y que desencadenó en un acuerdo extrajudicial ofrecido por British Airways a los administradores. IAG abonará una indemnización de 45 millones de euros a finales de 2027/2028, el proceso judicial para solicitar la aprobación de este acuerdo ha comenzado, pero a tenor de los plazos necesarios para fijar una fecha para la vista, la aprobación del tribunal podría no recibirse hasta el último trimestre de 2019 "como muy pronto", matiza la propia compañía.
