Las medidas contra las sicavs y socimis que habían acordado el Gobierno y Podemos no se han quedado en papel mojado aunque no se hayan incluido en el borrador de los Presupuestos enviado a Bruselas.
Fuentes gubernamentales consultadas por este diario han confirmado que tanto el cambio de control de las sicavs como el impuesto a las socimis sí se incluirán en los Presupuestos, aunque no se hayan plasmado en el último texto.
De esta forma, el Ejecutivo seguirá con el plan inicial. Las sicavs volverá a estar bajo el paraguas de la Agencia Tributaria para que dicho organismo pueda controlar si estos vehículos cumplen con las normativas financieras. Así, el Gobierno podrá ver de primera mano si se cumple con el mínimo de accionistas y poner más coto a los llamados mariachis, por ejemplo.
También pondrán un tope a la concentración de capital en manos de un mismo inversor (incluyendo la participación de personas físicas o jurídicas vinculadas). Con esta medida, el Gobierno es consciente de que el volumen de capital podría disminuir pero les compensa porque ayudaría a "objetivar el carácter colectivo de este vehículo de inversión".
El cambio de control de las sicavs y el impuesto a las socimis sí se incluirán en los Presupuestos, aunque no se hayan plasmado en el último texto
Por el lado de las socimis, se pretende aplicar un impuesto del 15% sobre los beneficios que no distribuyan. Estas entidades están obligadas a repartir el 80% en dividendo, que tributa al 23%. De forma que pagan como mínimo un 18% del resultado, por encima del 15% que les piden.
Fuentes del sector aseguran que no ven un problema en que quieran poner más impuestos, pero expresan que algunos partidos políticos lo que buscan es "dejarlas secas", sin margen para que puedan comprar más activos.
Tasa Tobin
El impuesto que sí se ha llevado a la presentación de Bruselas es la conocida 'Tasa Tobin', con la que pretenden recaudar unos 850 millones de euros.
El Impuesto sobre las Transacciones Financieras consiste en gravar con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero. Una medida contra la que se han pronunciado BME y la CNMV, pero que no han conseguido parar, como si sucedió con el impuesto a la banca.
En el borrador se asegura que España se adaptará a la normativa que proponga la Unión Europea una vez se haya aprobado este impuesto común para "evitar cualquier descordinación".
