Los tribunales de Palma de Mallorca mantienen en jaque a Meliá en su guerra contra la familia de origen cubano Sánchez Hill. Cuando la familia Escarrer creía que la demanda había entrado en vía muerta, la Audiencia Provincial de Palma estimó el recurso de apelación de los Sánchez Hill y acordó reactivar el caso y mandarlo de vuelta al Juzgado de Primera Instancia número 24 de Palma, que acaba de echar otro jarro de agua fría sobre la hotelera tras rechazar todas sus peticiones, como desveló Vozpópuli.
La hotelera, que defiende sin ambages la legalidad de sus negocios en Cuba, ha sugerido a la jueza que el veto al consejero delegado, Gabriel Escarrer, es una respuesta de Estados Unidos a la declinatoria que presentaron. El CEO de Meliá recibió el pasado 11 de octubre una carta de las autoridades de EEUU en la que se le solicitaba que renunciase a sus cargos en la compañía y a su posición accionarial (la familia es mayoritaria en el accionariado) o negociase con los Sánchez Hill una solución con respecto a los terrenos en discordia.
En un escrito remitido al juzgado, Meliá asegura que le “llama poderosamente la atención que el inicio del citado procedimiento por el Departamento de Estado de los EEUU para la imposición de tal sanción [el veto a Escarrer y su familia], sucediera cuando nuestra mandante [Meliá] formuló declinatoria en estas actuaciones [julio de 2019], a modo de medida coercitiva para forzar el transar la injustificada demanda”.
Meliá ha rechazado adjuntar la carta de EEUU en la documentación del proceso “al no existir medida de confidencialidad alguna en estas actuaciones”, pero sí incluye unas líneas de su contenido: “Hemos recibido información según la cual Meliá ha participado en un acuerdo con una entidad del Gobierno cubano para gestionar y explotar dos hoteles en Holguín, Cuba. Dichos hoteles, el Paradisus Rio de Oro y el Sol Rio de Lunas y Mares, estarían situados en un terreno confiscado respecto del que ciudadanos estadounidenses mantienen una reclamación”.
Tras recibir la misiva, Meliá puso la misma en conocimiento del Gobierno español y de la Comisión Europea, que no le permitió responder a la misma al entender que aplica el Estatuto de Bloqueo de la Unión Europea, por el que las empresas comunitarias no tienen que cumplir con las exigencias de leyes como la Helms-Burton. Efectivamente, Escarrer no movió ficha y Estados Unidos le ha prohibido la entrada a él, a su mujer y a sus hijos desde el 25 de noviembre de 2019.
En total, el país norteamericano envió alrededor de catorce cartas en las que informaba de que sus receptores -la cúpula directiva de Meliá- entraban en esta 'lista negra' en virtud del título IV de la Helms-Burton. El citado artículo de la ley permite al Gobierno norteamericano expulsar del país o impedir la entrada a los representantes extranjeros de empresas que "hayan confiscado bienes de nacionales estadounidenses o traficado con dichos bienes" en el país caribeño.
El pleito en España no se ampara en la Helms-Burton
El frente que Meliá tiene abierto en España no se ampara en la polémica Ley Helms-Burton, sin efecto en nuestro país por el citado Estatuto de Bloqueo Comunitario. Por eso, los demandantes no recurren a ella, sino que sostienen su tesis en el llamado enriquecimiento injusto, sobre el que los tribunales españoles sí poseen jurisdicción y competencia judicial internacional para tramitar un procedimiento frente a una sociedad domiciliada en España.
No obstante, la demanda llegó a los tribunales españoles en junio de 2019, inmediatamente después de que Estados Unidos reactivase la Helms-Burton. En este sentido, Meliá relaciona en su escrito ambos aspectos, pues la sanción a su CEO llegó después de que la compañía hotelera se defendiera del procedimiento iniciado en España por la familia cubana Sánchez Hill.
Pero lo cierto es que en septiembre Meliá fue incluida en una demanda colectiva -en la que también se incluía a otras empresas como Expedia, Booking o Trivago- presentada en Estados Unidos por otra familia de origen cubano. Finalmente, a principios de este año la jueza de la corte del distrito sur de Florida acordó excluir a Meliá del proceso a petición de los demandantes. Estos decidieron sacar del procedimiento a todas las compañías que no fueran norteamericanas para centrarse en las reclamaciones contra Booking y Expedia.
La Secretaría de Estado de EEUU permite incluir a directivos en su 'lista negra' si le consta la presentación de una reclamación ante la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras de los Estados Unidos (FCSC) por un activo confiscado respecto al cual el extranjero o su compañía trafique, es decir, que no se precisa que haya una demanda interpuesta en los tribunales para proceder a retirar el visado y ni siquiera una sentencia.
