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Un juez obliga a Novagalicia a devolver 549.000 euros a un preferentista, la mayor cuantía hasta la fecha

Se declara nulo el contrato de suscripción de participaciones preferentes por la falta de información a la hora de su contratación y por firmarse bajo una relación de confianza con la entidad.

El juzgado de primera instancia número 4 de La Coruña ha emitido una sentencia en la que condena a NCG Banco a devolver 549.000 euros más intereses a un afectado por las preferentes. La sentencia, la de mayor cuantía dictada hasta la fecha en España por estos casos, declara la nulidad del contrato de suscripción de participaciones preferentes por la falta de información a la hora de su contratación y por firmarse bajo una relación de confianza con la entidad.

El demandante no había realizado ningún test de idoneidad o conveniencia con anterioridad a la firma del contrato

El demandante no había realizado ningún test de idoneidad o conveniencia con anterioridad a la firma del contrato. El auto señala que "no existe constancia de que con anterioridad a la suscripción del producto se proporcionara al actor la información adecuada y suficiente para conocer los riesgos de la inversión". "No existe constancia de que en la fase precontractual se evaluara el perfil inversor por parte de la entidad financiera, ni la conveniencia de tal producto para el mismo; y no existe constancia de que con la misma anterioridad se le entregara el folleto o tríptico informativo", añade el auto.

La entidad gallega (producto de la fusión entre Caixa Galicia y Caixanova, que fue impulsada por el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo) ha sido una de las más denunciadas por fraude en casos de preferentes. Se han dado casos de personas analfabetas que firmaron contratos de preferentes de Caixa Galicia o Caixanova pese a que podían leer con dificultad. Además, sus directivos se han llevado algunas de las mayores indemnizaciones de la banca española, como el caso de José Luis Méndez, exdirector general de Caixa Galicia, que se marchó de la entidad quebrada y nacionalizada con una pensión de 16 millones de euros.

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