Decepción, frustración y fiasco. Son los adjetivos con que diferentes profesionales relacionados con el mundo de las pensiones y la jubilación califican el simulador puesto en marcha por el Gobierno para que los trabajadores puedan calcular la futura prestación pública que recibiría un trabajador cuando se jubile.
Las suspicacias del sector con la opción elegida finalmente por el Gobierno radican en que el colectivo de trabajadores al cual se pretendía dar una orientación en primer lugar eran los mayores de 50 años, un tramo de edad que no encaja demasiado bien con las nuevas tecnologías. Esta es la razón por la que creen que el simulador no servirá plenamente para cumplir su cometido: favorecer el acceso a información sobre la pensión pública para que se pueda complementar, en su caso, con una opción privada de ahorro.
La idea de copiar la famosa carta naranja que los suecos reciben con información actualizada sobre su vida laboral y la cuantía aproximada de su prestación por jubilación surgió a principios del año 2013 como un compromiso del actual secretario de Estados de Empleo, Tomás Burgos.
El interés de los ciudadanos por estos temas va quedando patente en distintos estudios que corroboran la preocupación que existe sobre la pervivencia del sistema actual
Pero poco a poco se fue dilatando en el tiempo, hasta el punto de que prácticamente se daba por amortizada la propuesta hasta una mejor ocasión. Para cubrir el expediente se ha lanzado ahora este simulador, señalan las fuentes consultadas, que se une al que numerosas firmas de gestión de activos ya ponen a disposición de sus clientes.
La diferencia es que la web del ministerio ofrece información pública sobre los años cotizados, sin que el usuario tenga que introducir esos datos por su cuenta, aunque se deben realizar tres pasos para conseguir la información final.
“Es una primera etapa para que los trabajadores sepan cómo quedará su pensión pública el día que se jubilen pero al final no va a servir para crear un debate profundo sobre el problema real que existe con las pensiones en España y frustra los intentos por concienciar desde el sector privado a la población”, señalan desde una gestora.
“Cualquier iniciativa siempre es bienvenida pero resulta decepcionante que siempre se rehúya un debate auténtico sobre uno de los problemas a los que se enfrentará España durante los próximos años”, explican desde otra firma.
El interés de los ciudadanos por estos temas va quedando patente en distintos estudios que corroboran la preocupación que existe sobre la pervivencia del sistema actual. El último en publicarse, del Instituto Aviva, recoge una encuesta en la que siete de cada diez españoles consideran que su generación no tendrá una pensión pública de jubilación y que, si la tuvieran, no sería suficiente para cubrir los gastos mínimos para sobrevivir.
Con este ambiente, en el sector asegurador y de pensiones no se entienden las reticencias del Gobierno a poner en marcha un plan de información más cercano, como serían las famosas cartas naranjas, que servirían para crear una mayor concienciación y poder tomar medidas para remediarlo.
“Es un fiasco que por puro electoralismo se evite un tema que en cualquier caso se deberá plantear irremediablemente en la próxima legislatura”, insiste una fuente del entorno asegurador.
