Las continuas reclamaciones por parte de las empresas de ingeniería para que los concursos públicos no se conviertan en meras subastas, en las que apenas se tenga en cuenta los criterios técnicos, parecen tener un efecto perverso en el Gobierno. Algunos de los últimos contratos adjudicados por el Ministerio de Fomento relacionado con carreteras prescinden directamente de cualquier criterio técnico.
En concreto, el departamento que dirige en funciones Ana Pastor adjudicó recientemente un contrato para diseñar el proyecto de construcción de un tramo paralelo a la autovía A-32, a su paso por la provincia de Jaén, y que servirá para el encauzamiento de un arroyo. En la descripción de la licitación se incluye que el único criterio de adjudicación que se tendrá en cuenta será el del precio.
El grupo de construcción e ingeniería andaluz Detea ha sido el adjudicatario, con una oferta que supone una baja del 50,2% respecto a la cantidad presupuestada por Fomento
El grupo de construcción e ingeniería andaluz Detea ha sido el adjudicatario, con una oferta que supone una baja del 50,2% respecto a la cantidad presupuestada por Fomento, que ascendía a 1,26 millones de euros.
Idéntica circunstancia se da en el contrato para la mejora de trazado y remodelación de intersecciones de la carretera N-541, en la provincia de Pontevedra. Un tramo de unos 25 kilómetros del que se encargará la constructora Hocensa, a la que igualmente le ha bastado con presentar una oferta con el precio más bajo, con una baja de algo más del 26% en relación con los 2,77 millones de euros presupuestados por Fomento.
De esta forma, el proceso se convierte, en efecto, en una verdadera subasta que termina adjudicándose aquella empresa que ofrezca lleva a cabo la obra a cambio del menor precio.
Compromisos incumplidos
Las ingenierías han denunciado en repetidas ocasiones que el Ministerio de Fomento estaba teniendo en cuenta cada vez menos los criterios técnicos a la hora de conceder los contratos. Lo único que han llegado a obtener es el compromiso de poner en marcha una serie de modificaciones en los sistemas de adjudicación para que la puntuación técnica tuviera un mayor peso. Sin embargo, los compromisos no se han traducido en hechos fehacientes.
En los últimos meses, Fomento se ha visto obligado a desestimar cerca de 40 contratos, valorados en algo más de 600 millones de euros
En los últimos meses, Fomento se ha visto obligado a desestimar cerca de 40 contratos, valorados en algo más de 600 millones de euros, debido a una decisión del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, que consideró que el departamento concedía un peso excesivo a criterios arbitrarios en detrimento de los más objetivos, como es el caso del referido al precio.
Sin embargo, la decisión del Tribunal tenía que ver con la inclusión en los contratos de una cláusula destinada a penalizar las ofertas demasiado bajas pero que también desvirtuaba el peso concedido a la parte técnica de la oferta en los pliegos de condiciones.
En virtud de privilegiar los criterios objetivos, Fomento parece haber ido más allá y ya prescinde en determinados contratos de todo criterio técnico. Eso sí, con esta medida no consigue precisamente lo que quería evitar con la cláusula citada anteriormente sino, más bien, todo lo contrario.
