El culebrón de las autopistas de peaje en quiebra se encamina de manera cada vez más directa a un final consistente en un estallido en las manos del Gobierno, en el que resulte de las elecciones generales del próximo 26 de junio. En los últimos días, dos nuevas concesionarias han entrado en proceso de liquidación (ya son cuatro compañías, que gestionan cinco autopistas) pero, en este caso, con un matiz que podría derivar en una situación insostenible para el ejecutivo: el juez obliga a ejecutar la liquidación antes del próximo mes de octubre.
Hasta ahora, cada vez que una concesionaria entraba en proceso de liquidación el Ministerio de Fomento presentaba un recurso contra la decisión de los juzgados de lo Mercantil que dictaban los correspondientes autos. Con esta maniobra, el Estado lograba retrasar el proceso en sí y, sobre todo, poner en marcha la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), es decir, el rescate de la concesión con la correspondiente asunción de la deuda.
El caso del concurso de la concesionaria de las radiales R-3 y R-5 ha tirado por tierra la estrategia del Gobierno
El proceso se repitió en las dos primeras liquidaciones de concesiones de autopistas en quiebra: la de la A-36 (Ocaña-La Roda, participada por Sacyr y Ferrovial) y la de la M-12 (el acceso a la terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, participada por OHL). Por entonces, los accionistas de las concesionarias solicitaron poner en marcha la RPA pero Fomento recurrió los autos de liquidación, lo que le concedía un respiro provisional, a la espera de la resolución de la reclamación judicial.
Pero el caso del concurso de la concesionaria de las radiales R-3 y R-5 ha tirado por tierra la estrategia del Gobierno. El titular del juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid, que entiende de este caso, obliga en el auto a que el proceso de liquidación quede completo antes del próximo mes de octubre. Y además, el recurso que probablemente presentará Fomento no lo detendrá dado que el auto se ha emitido sin efectos suspensivos.
Una factura de 5.000 millones
Es decir, que la concesionaria tendrá que dejar que operar las mencionadas radiales antes del próximo 1 de octubre. Si a partir de esa fecha Fomento no se ocupa de la concesión, las autopistas se cerrarán al tráfico.
El problema para el Estado es que esta circunstancia podría sentar jurisprudencia y marcar el camino para los próximos procesos de liquidación. Hasta ahora, Fomento ha esquivado la puesta en marcha de la RPA. A partir de ahora tendrá que elegir: o comenzar a operar las concesiones o dejarlas cerradas al tráfico.
Una decisión que tendrá que ser tomada por el Gobierno que salga de la consulta electoral del 26 de junio. Eso sí, siempre y cuando el Ejecutivo haya podido confeccionarse. En caso contrario, la Administración central se enfrentará a un problema cuyas dimensiones dependerán del tiempo que se tarde en encontrar una solución.
La totalidad de la RPA suma aproximadamente 5.000 millones de euros.
