El Gobierno había presupuestado para 2022 unos créditos definitivos de 28.500 millones de euros para reformar el modelo económico a través del Mecanismo de Recuperación y Resilencia (MRR), tras estimar un gasto inicial de 26.900 millones. Pero el reparto de los fondos europeos por parte de los ministerios se ha quedado en 15.700 millones (obligaciones reconocidas netas) en noviembre (últimos datos conocidos), a la espera del cierre definitivo del año. Ello supone un grado de cumplimiento del 55%, según la Intervención General de la Administración del Estado.

De los 22 ministerios incluidos en este Plan, catalogado por Sánchez como “un proyecto de transformación del país”, sólo cuatro (Hacienda, Agricultura, Transición Ecológica y Universidades) cumplirán con los objetivos presupuestarios fijado en la liquidación definitiva ya que en ese mes se encontraban en la frontera del 90% del gasto.

Otros ocho ministerios no han alcanzado el 50% del reparto de las ayudas: Ciencia e Innovación sólo llega al 46,6% de los créditos presupuestados; Consumo se queda en el 32,2%; Industria, en el 29,1%; Política Territorial, en el 20,4%; Defensa, en el 12,3%; Derechos Sociales, en el 9,1%; Interior, en el 6,4%; y Asuntos Exteriores, en el furgón de cola, sólo había gastado el 1,8% del gasto previsto del MRR. Por su parte, Economía, Trabajo, Inclusión y Seguridad Social, y Cultura se sitúan en el entorno del 50% mientras que Educación alcanza el 55,7%; Sanidad e Igualdad se aproximan al 70% y Justicia al 80%. A pesar de los incumplimientos, se han producido muchas modificaciones de créditos al alza (ampliaciones) y también a la baja.

Llama la atención, por ejemplo, que al ministerio de Transportes se le haya incrementado su presupuesto en más de 400 millones, hasta los 6.300 millones totales, mientras que hasta noviembre el gasto no llegaba a 4.000 millones; es decir, el 63% del presupuesto habilitado. Todo esto da una idea del grado de improvisación y de escasa planificación, así como de su bajo estado de ejecución del MRR, que, según manifestó Sánchez en su presentación, ofrecía “oportunidades únicas para la economía española”. “Queremos un país moderno y líder en las grandes transformaciones y este carácter reformista del Plan de Recuperación prevé avances importantes en la modernización de la estructura económica y social de España”, manifestó en un acto con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen. 

Por capítulos de gasto, la mayor parte de los fondos Next Generation UE previstos correspondía a transferencias de capital (22.633 millones), a transferencias corrientes o subvenciones directas (5.541 millones) e inversiones reales (1.984 millones). Sin embargo, mientras las empresas advierten de que los fondos no les llegan, el grado de ejecución presupuestario oficial hasta ese mes sólo era del 59% en las transferencias de capital, del 56,1% en las corrientes y del 16,1% en inversiones. De esos 28.500 millones de este gasto total, dos tercios (unos 18.000 millones) están asignados a los ministerios de Transportes (6.281millones), Transición Ecológica (4.095 millones), Asuntos Económicos (4.023 millones), Ciencia e Innovación (1.720 millones) y Educación (1.696 millones).

Sin embargo, estos departamentos sólo han ejecutado 11.500 millones (64%). Se supone que eran los elegidos para liderar la pretendida transformación de la economía tras la pandemia. En todo caso, no se conoce todavía resultado alguno de los objetivos del MRR, es decir, de la digitalización de más de un millón de pymes; la formación de más de 2,6 millones de personas en competencias digitales; la extensión de la banda ancha al 100% de la población; el despliegue eficaz del 5G; el impulso de 165 destinos turísticos sostenibles; la rehabilitación de más de un millón de viviendas; el alcance de una flota de 250.000 vehículos eléctricos; el despliegue de más de 100.000 puntos de recarga; o la ampliación de los corredores ferroviarios Atlántico y Mediterráneo.  

Letra pequeña de las inversiones

En la letra pequeña de los programas se observa que muchas de las partidas deberían cubrirse con gasto ordinario de los ministerios. Pero, en lugar de cargarse a los Presupuestos Generales, se están financiando con fondos europeos, que tendrían que destinarse exclusivamente a relanzar la economía. Por ejemplo, el proceso de digitalización de las Administraciones Públicas se está realizado con estos fondos. Además, hay planes que directamente no tienen relación directa con la presunta transformación económica. El goteo es importante. Entre ellos, sorprende que haya transferencias previstas al SEPE y otros organismos (1.180 millones, de los que se han repartido el 55%), así como al Consejo Superior de Deportes (91 millones), al Instituto de Cinematografía (16 millones), al Instituto Nacional de Artes Escénicas (32 millones) o a la Seguridad Social (72 millones de los que sólo han llegado 40 millones) e incluso a la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado (casi 5 millones) o al instituto Cervantes (33 millones). 

Llama la atención los innumerables programas previstos que no se han aplicado en este año y en su caso los que han tenido una ejecución exigua. Por ejemplo: el ministerio de Industria no ha activado el Programa de impulso a la competitividad y sostenibilidad industrial I+D+I (1.358 millones), que precisamente cataloga de “proyecto estratégico para la transición industrial”; es decir, para el cambio de modelo de crecimiento del PIB. Tampoco se ha llevado a cabo el programa de digitalización e inteligencia de los destinos turísticos (70 millones).

Programas olvidados

Por su parte, Asuntos Económicos y Transformación Digital no ha activado los 553 millones del Programa de despliegue 5G de redes; ni los 289 millones previstos para favorecer la vertebración territorial del despliegue de redes. Además, Derechos Sociales ha omitido el gasto previsto de 438 millones del Plan de equipamiento público para el cuidado de larga duración que pretendía mejorar la calidad de vida de los mayores o los 126 millones del plan de nuevas tecnología al servicio de estos cuidados mientras que sólo ha gastado 117.000 euros de los 52, millones previstos para el Plan España país accesible (accesibilidad en el transporte y en las Administraciones).

Además: Justicia no ha aplicado 10 millones destinados a la inversión de reposición; Defensa se ha dejado en el tintero los 115 millones del Programa de refuerzo de conectividad de los centros y otros 17 millones del Plan de despliegue de infraestructuras digitales I+D+I; Interior no ha realizado el Plan de transición energética (de 148 millones previstos sólo ha gastado 78.000 euros, es decir, el 0,1%); Transportes no ha activado el Programa de competencias digitales de empleo en el transporte (11 millones); Educación ha hecho lo mismo con el Programa de creación de plazas para el primer ciclo de educación infantil (339 millones); Trabajo se ha olvidado del Plan integral de impulso a la economía social generadora de tejido industrial (34 millones).

Así mismo, Política Territorial ha omitido el Programa de empleo para jóvenes (7 millones); Cultura no ha iniciado el Programa de Fomento, Modernización y Digitalización del sector audiovisual (8 millones); Sanidad no ha realizado la transferencia de capital prevista de 19 millones a la tesorería de la Seguridad Social; Derechos sociales no ha puesto en marcha el Plan de Modernización de los servicios sociales (el gasto es de 772.000 euros frente a los 337 millones previstos); y el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sólo ha gastado el 27% de los fondos del Plan de mejora del sistema de prestaciones económicas no contributivas o el 75% (132 millones) del Programa de crecimiento inclusivo del Ingreso Mínimo Vital. 

A esto hay que añadir que Transportes sólo ha ejecutado el 40% (400 millones de los más de 1.000 previstos) del Plan de rehabilitación sostenible y digital de los edificios públicos o el 46% (639 millones de casi 1.400 millones estimados) del Programa de recuperación económica y social de los entornos residenciales o el 52% (568 millones de 1.121 millones previstos) del Plan de zonas de bajas emisiones en el transporte urbano y en el metro. Por si fuera poco, Industria sólo ha desarrollado el 40% del Plan de digitalización de las pymes (35 millones frente a los 88 previstos), así como el 47% (654 millones frente a los 1.383 millones presupuestados) del Plan de transformación del modelo turístico hacia la sostenibilidad y el 61% (121 millones frente a los 200 estimados) del Plan de apoyo al comercio. Mientras, Sanidad sólo ha cumplido el 24% del Programa de aumento de la capacidad de respuesta ante la crisis sanitaria (4,1 millones frente a los 17 millones previstos). 

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