Al menos la mitad de los 14.400 millones de euros anunciados en la última semana por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en ayudas y medidas contra la DANA los pagarán los propios afectados. Las energéticas, telecos y bancos también afrontarán algunas de las medidas aprobadas por el Ejecutivo.
Con los dos primeros paquetes de medidas "se han movilizado ya más de 14.373 millones de euros en ayudas, créditos y exenciones fiscales", asegura el Ejecutivo en la última nota de prensa. De esa cuantía, la partida más importante es la de 5.000 millones en créditos que avalará el Estado y gestionará el ICO.
De momento el Gobierno ha habilitado un primer tramo de 1.000 millones, a los que se puede acceder bajo distintas modalidades. La primera pretende dar liquidez a hogares o empresas localizadas en los municipios afectados y que vayan a recibir ayudas directas del Estado o indemnizaciones del seguro, adelantando el cobro.
El importe máximo es el importe del daño cubierto por la póliza más el importe esperado de la ayuda solicitada, que en realidad es el respaldo con el que cuentan para dicho crédito. En este sentido, se devolverá cuando se reciban dichas transferencias, en un único pago y con un plazo de vencimiento de 5 años.
La segunda modalidad contempla préstamos a empresas y autónomos que necesiten financiación para restaurar y desarrollar su actividad. En ese caso el importe máximo es de 12,5 millones de euros por beneficiario y el plazo, de hasta 5 años para operaciones de circulante y de hasta 7 años en operaciones de renovación y otras inversiones de mejora.
También se ha anunciado una línea de avales ICO específica para uno de los sectores más afectados por la DANA, el agrario, con 60 millones para la línea MAPA ICO SAECA. En el Consejo de Ministros de la semana pasada ya se planteaban 160 millones para este fin.
Sin embargo, desde el sector empresarial alertan de que si bien ese dinero se concederá en condiciones más ventajosas, son préstamos que los afectados tendrán que acabar devolviendo a los bancos. "Las empresas están arruinadas, esto no es el covid", señaló el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.
Moratoria hipotecaria e indemizaciones de seguros
El Gobierno también ha incluido, sin detallar el importe estimado, la moratoria de dos años en el pago del capital de las hipotecas y préstamos no hipotecarios, una ayuda que ofrecerán los bancos. En todo caso, los hogares y empresas pagarán los intereses desde el cuarto mes y no amortizarán capìtal, que tendrá que devolverse a partir de noviembre de 2026.
Además, fuentes expertas recuerdan que esta es una medida ya adoptada por la exministra de Economía, Nadia Calviño, en acuerdo con el sector bancario. Y, en realidad, con esta moratoria legal las entidades de crédito evitan un aumento de la morosidad y la necesidad de dotarse de provisiones.
El Gobierno ha aprobado también que empresas y autónomos ubicados en los municipios afectados y que cuenten con préstamos vigentes de las líneas de avales COVID y Ucrania puedan suspender el pago del principal e intereses durante tres meses, pudiendo añadir un plazo de carencia de principal de hasta nueve meses, periodo en el que sólo abonarían intereses.
La segunda medida más importante por cuantía son las indemnizaciones que pagará el Consorcio de Compensación de Seguros, que según los cálculos del Gobierno sumarán 3.500 millones de euros. Las mismas fuentes recuerdan que este dinero provienen de las primas que han abonado los asegurados previamente y no afecta al presupuesto público.
"Los 3.500 millones del Consorcio de Seguros los pagamos todos los ciudadanos en nuestras pólizas cada vez que pagamos un seguro. El Consorcio tiene un fondo actual que supera los 12.000 millones", ha apuntado en redes sociales Lorenzo Amor, vicepresidente de CEOE.
Ayudas a cargo de las empresas
Estas medidas suman más de 8.500 millones, al menos el 60% de los 14.400 millones anunciados. Otra medida que no financiará el Estado sino que correrá a cargo de las empresas es la de eximir a los afectados de pagar los recibos de la luz, el gas o el teléfono, que se contempló en el primer Real Decreto-ley y ahora se refuerza.
Por su parte, en relación a la cuantía total en ayudas que el Gobierno asegura que está movilizando, Lorenzo Amor también ha recordado que los ERTE, los ceses de actividad, las prestaciones por desempleo y las bonificaciones se pagan con las cotizaciones que abonan cada mes empresas, trabajadores y autónomos.
Finalmente, el presidente de CEOE reivindicó este lunes en Espejo Público la ayuda que están brindando las empresas "desde el primer minuto" y "sin ningún tipo de planteamiento político", para que los hogares y las "casi 50.000 empresas que se han arruinado, que no les queda prácticamente nada, puedan volver a abrir".
Desde la patronal apelan a las 1.800 toneladas de ayudas enviadas en camiones. "Se han movilizado las farmacéuticas, las eléctricas, las gasísticas, y también las grandes constructoras, que ya tienen allí un montón de maquinaria. También el sector del campo con todos los tractores de la Comunidad de Murcia", apuntó Garamendi.
Sin embargo, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha cargado contra el presidente de CEOE por su rechazo al llamado "escudo social", que consiste en pagar el 100% del salario a aquellos trabajadores que se ausenten por la DANA. "No tiene ninguna empatía con las víctimas de la catástrofe", afirmó este lunes en Al Rojo Vivo.
