"El Reglamento del Plan de Recuperación es muy claro. Hay que cumplir con las reformas comprometidas y si no, ya se sabe a qué se arriesga". Es la advertencia de Moncloa a Alberto Núñez Feijóo. Así responden en el Palacio, al ser preguntados por qué ocurrirá si el PP llega al poder y deroga reformas como la laboral, prometidas a Bruselas en el marco del citado Plan (en el contexto de la aprobación de la adenda por parte del Consejo de Ministros este martes). En este sentido, las mismas fuentes señalan a la Ley de Vivienda, que entró en vigor el pasado 26 de mayo, también un hito que el Gobierno de Pedro Sánchez incluyó entre las reformas prometidas a cambio de fondos UE.

La Ley de Vivienda se ha aprobado después de estar parada varios meses en el Congreso tras un pacto del PSOE con Podemos, ERC y Bildu y contiene dos polémicos topes a los precios del alquiler: para zonas tensionadas y a las subidas pactadas en contrato. Éstos serán del 2% para 2023, del 3% en 2024 y en 2025 se aplicaría un índice nuevo basado en el IPC. Pues bien, las competencias de vivienda pertenecen a las comunidades y también a los municipios, y así se comportan habitualmente entes regionales y locales respecto a las medidas que aprueba el Estado. En la campaña de las elecciones autonómicas, después de que las comunidades en las que gobierna el PP advirtieran de que no iban a aplicar esta norma, Sánchez les exigió que la cumplieran.

Este celo con la Ley de Vivienda o la reforma laboral no parece que le inquiete a Moncloa que Bruselas lo tenga con otras reformas que ha comprometido, como la fiscal, que no se ha realizado y que debía estar completada y en vigor el pasado abril. Y que le queda pendiente al próximo gobierno, junto con las 18 nuevas reformas que el Ejecutivo ha incluido en la adenda.

En cualquier caso, según ha planteado Nadia Calviño en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que ha aprobado la adenda, el próximo gobierno podrá realizar cambios, aunque se perfilan como muy limitados y en muy poco tiempo.

Preguntada por qué margen deja al próximo gobierno y si éste podrá cambiar algo, la vicepresidenta primera ha explicado que la Comisión Europea tiene un plazo de dos meses para evaluarla, lo que puede ampliarse, y luego será el turno del Consejo. "Lo hemos hecho ya en otras ocasiones, otros países, también", ha asegurado. "Si hay que hacer ajustes, se podrán hacer tras las elecciones, hay que ser responsables y dejar que el proceso comunitario se ponga en marcha y cuanto antes podamos ejecutar esta segunda fase", ha insistido. Es decir, si se forma un Gobierno en septiembre, tendrá poco más de un mes, recién aterrizado, para plantear cambios. De hecho, Calviño ha dicho que no dejan la adenda al próximo gobierno porque no tendría tiempo de plantearla. "No sería realista", ha dicho.

Calviño ha asegurado que se ha pedido ahora la adenda por "responsabilidad". "Es muy importante no bajar el ritmo. Enviamos la adenda ahora por responsabilidad, para seguir con el ritmo, cuando el plazo acababa en agosto [el 31] y tener así estos recursos extraordinarios". Una decisión que avanzó el pasado miércoles y que ha estado envuelta en la polémica por comprometer antes de las elecciones generales los 94.300 millones de euros que España tiene pendiente pedir, dejando sin margen de maniobra al próximo Ejecutivo. El futuro Ejecutivo tendrá que asumir, por tanto, los compromisos de inversiones y reformas que plasma el nuevo documento.

De los casi 95.000 millones que España tenía pendiente pedir a Bruselas, 7.700 millones llegarán en forma de transferencias adicionales (dinero que España no tiene que devolver y que se suma a los 69.000 millones que ya estaban comprometidos) y 84.000 millones de euros en préstamos que el próximo gobierno deberá devolver. A ellos se unirán los casi 2.600 millones de euros del nuevo mecanismo REpowerEU, que también se justifican en la adenda.

Sobre si se podrá ejecutar más allá del 31 de agosto de 2026, el plazo que marca el Reglamento del Plan de Recuperación, ha señalado: "El Reglamento comunitario dice que la fecha máxima de ejecución es 2026 y hemos adecuado hitos y objetivos a esa fecha máxima. Los préstamos dan una capacidad adicional. Una vez desembolsados, las inversiones van más allá y la adecuación de hitos va a permitir ir más allá".

Respecto a los préstamos, ha planteado que no suponen que la deuda pública se engrose en 84.000 millones de golpe, sino que se irán incorporando paulatinamente, como una "red de seguridad".

Sorpresa por las críticas de Feijóo

La vicepresidenta primera ha mostrado su "sorpresa" por las críticas del presidente del PP, Alberto Núñe Feijóo, que este martes ha insistido en Onda Cero que el Gobierno no les ha consultado sobre la adenda, ni al PP ni a las CCAA: "Los hitos en gran medida son de las comunidades, son un objetivo compartido. El PP tiene que estar de acuerdo en que lo mejor es aprovechar la oportunidad al 100% y al máximo, creo que el PP estará de acuerdo. Hemos hecho un trabajo técnico muy complejo y vamos a solicitar el cuarto pago. Algunas reformas han decaído por la convocatoria electoral y las retomaremos, ya que está segura de que seguirán gobernando, cuanto antes, de forma urgente, en el año fiscal en curso", ha detallado.

También en Onda Cero este martes, Feijóo ha descartado que vaya a derogar la reforma laboral, ya que ha asegurado que la norma "mantiene la reforma laboral del PP con algún añadido dañino para trabajadores y empresas", que ha apuntado que eliminará.

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