Empresas investigadas en el caso José Luis Moreno se beneficiaron de los créditos ICO gestionados por la banca para paliar los efectos en la economía provocados por la crisis del coronavirus.
Las sociedades analizadas, según auto del Juzgado Central de Instrucción número dos de la Audiencia Nacional, accedieron o trataron de lograr esos créditos a pesar de que muchas de ellas, de acuerdo a las investigaciones, eran sociedades pantalla administradas por personas con antecedentes policiales.
Según el auto del juzgado fechado el pasado 1 de julio, en el que se acordaba la libertad provisional de Moreno condicionada a la constitución de fianza, de las comunicaciones intervenidas entre los pasados días 15 de mayo y 15 de junio se concluyó que las empresas investigadas utilizaban "cualquier operativa bancaria que les pueda proporcionar beneficios económicos".
Las empresas investigadas son sociedades pantalla administradas por testaferros, según auto de la Audiencia
En la actualidad, relata el auto del juez Ismael Moreno, "se están beneficiando de los créditos ICO que se están concediendo a raíz del Covid-19". Las empresas bajo el punto de mira de la Audiencia Nacional son, según el auto, sociedades pantalla "administradas por testaferros, muchos de ellos con antecedentes policiales por estafa y/o falsificación".
Muchas de las sociedades investigadas "carecen de actividad real, y otras han sido constituidas o adquiridas recientemente, han realizado cambio de órganos de administración y domicilio social y las han 'maquillado' para dar apariencia de solvencia", explica el juez, y así "poder presentarlas en las entidades bancarias y conseguir mayor financiación".
De acuerdo a fuentes presentes en el caso consultadas por este diario, ninguna de las empresas conocidas de Moreno, sus productoras, ha solicitado préstamos ICO.
El auto del juez explica que, dos personas vinculadas a Moreno, Antonio Luis Aguilera y Antonio José Salazar, se encargarían de conseguir sociedades, "maquillarlas, poner un administrador y presentarlas ante los bancos como las beneficiarias de la financiación (...) cuando realmente, estas sociedades carecían casi siempre de actividad real (...)".
Ligada a esa supuesta "organización criminal", señala el auto, otra organización liderada por Carlos José Brambilla, presuntamente dedicada al narcotráfico internacional, utilizaría la "organización de Aguilera" para blanquear dinero.
"Se ha observado que utilizan cualquier operativa bancaria que les pueda proporcionar beneficios económicos", dice el auto del juez. "En la actualidad se están beneficiando de los créditos ICO que se están concediendo a raíz del covid 19 (...)".
Según las conversaciones intervenidas, los investigados comentaban que los créditos ICO "son los más fáciles de conseguir", y decían que las "entidades bancarias están deseando concederlos".
Los investigados en la presunta trama habrían contado con la colaboración de empleados de banca
De acuerdo al auto del magistrado, los investigados José Luis Rodríguez Moreno y Antonio Aguilera contarían con la colaboración de terceras personas, entre ellas "gestores financieros" y "empleados de banca".
"(...) se observa la continuidad en la colaboración por parte de directores de entidades bancarias, que cuanto menos, están obviando la diligencia debida a la hora de aprobar las operaciones de financiación que les presentan (...)", señala el juez.
Habrá que esperar en todo caso al levantamiento del secreto de sumario para conocer con precisión de qué manera pudieron las empresas investigadas acceder a créditos ICO.
Gestión de los ICO
La gestión de las entidades bancarias de la concesión de los créditos ICO está siendo analizada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
El pasado 16 de junio el organismo comunicó haber incoado un expediente sancionador contra Sabadell, Santander, Caixabank y Bankia por posibles prácticas restrictivas de la competencia en la comercialización de las líneas de avales ICO Covid.
Competencia investiga la vinculación a distintos productos que los bancos habrían exigido como condición para que los clientes pudieran acceder a las líneas de avales ICO COVID, y la utilización de los créditos como mecanismo para reestructurar deudas financieras preexistentes.
La investigación tiene su origen en información recibida por la CNMC a través del buzón covd.competencia@cnmc.es, habilitado durante el estado de alarma del pasado año para que ciudadanos y empresas denunciaran posibles prácticas anticompetitivas.
La CNMC considera que la actuación de los bancos investigados se alejaría de la buena fe exigida a las empresas en sus relaciones con los clientes, lo que podría suponer un falseamiento de la libre competencia y habría afectado al interés público.
