Las víctimas de Javier Biosca, el principal investigado por una de las mayores estafas con criptomonedas, han pedido a la Audiencia Nacional que se le practique la autopsia antes de incinerarle. Los perjudicados han formulado esta petición tras conocerse el fallecimiento del bróker en la localidad malagueña de Estepona. Su muerte se produce semanas después de que abonara un millón de euros de fianza para abandonar la prisión en la que ingresó en julio del año pasado.

Tras conocerse lo ocurrido, la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas ha remitido un escrito a la Audiencia Nacional solicitando que no se incineren sus restos mortales hasta que se realice la autopsia y se acredite "la identidad y razón de muerte como legalmente procede". No obstante, según ha podido saber este medio, el asunto relativo a su muerte no se investiga en este órgano judicial, sino en el juzgado de instrucción de Estepona que corresponda.

Fuentes policiales consultadas por este medio confirman que Biosca se habría precipitado desde un quinto piso del hotel Ona Valle Romano, en la localidad de Estepona. El origen de su muerte es un suicidio y no se investigan, por el momento, circunstancias extrañas en torno a su fallecimiento.

Biosca estaba siendo investigado por más de nuev delitos (entre ellos el de apropiación indebida y falsedad en documento público) en relación a la presunta estafa con criptomonedas que habría perpetrado a través de la empresa Algorithms Group captando desde 2019. Los principales perjudicados son inversores privados que perdieron sus ahorros con el negocio de las criptomonedas. Se estimó un perjuicio inicial de 250 millones de euros.

Investigar los hechos

La defensa de los perjudicados por esta estafa de criptomonedas ha remitido un escrito a la Audiencia Nacional en el que dicen que han tenido conocimiento de que Biosca se habría suicidado en Estepona. Los hechos se habrían producido en presencia de varios testigos que habrían relatado lo ocurrido al abogado de este bróker de las finanzas.

Por ello, la asociación que defiende la letrada Emilia Zaballos ha pedido que se investigue todo lo relativo a la muerte de Biosca. "Es conocido, relatado en varias ocasiones, el cúmulo de amenazas que ha recibido provenientes de organizaciones criminales que habrían invertido con él, por lo que deberán investigarse estos hechos de la muerte del Sr. Biosca y practicarse una autopsia antes de sepelio o la incineración, para averiguar la identidad de la persona fallecida y la causa del fallecimiento. Interesamos se prohíba cualquier incineración del cadáver hasta que se haga la autopsia", reza el escrito remitido al juzgado por la defensa de los perjudicados.

Amenazas de muerte

Las víctimas que litigan bajo el paraguas de la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas, piden a la Audiencia Nacional que se le dé "carácter prioritario" a este asunto para esclarecer los motivos de la muerte. Según sostienen, han tenido conocimiento de que en el lugar de los hechos se encontraba uno de los fiadores del bróker y que estarían "negociando formas de pago".

La pesadilla judicial para los Biosca comenzó en junio del año pasado, cuando la Guardia Civil le arrestó en Málaga dando cumplimiento a la orden de búsqueda y captura que pesaba sobre él. El juzgado de instrucción número 1 de Torrox trasladó a la Audiencia Nacional su puesta a disposición de este órgano que le atribuyue la comisión de un total de nueve delitos.

En ese contexto, el juez Santiago Pedraz -primer instructor de la causa- decretó prisión sin fianza para él por su implicación en esta estafa de 250 millones de euros con criptomonedas. El magistrado ordenó el bloqueo de sus cuentas y depósitos y le envió a la cárcel tras tomarle declaración por videoconferencia por esta presunta estafa en la que también está implicados su mujer Paloma Gallardo y su hijo Sergio Biosca. Ya entonces, el bróker apuntó que había recibido amenazas de muerte y que eso le llevó a desaparecer.

Desde entonces se comenzaron a practicar numerosas diligencias en aras a acreditar la presunta estafa impulsada en 2019 y mediante la cual captaron a millares de personas para que invirtieran en un negocio de criptomonedas. Los perjudicados, que litigan como acusación particular, sostienen que se les prometió una rentabilidad semanal del 20 o del 25% si bien terminaron por perder todo el dinero depositado.

Fianza de 1 millón de euros

A finales de octubre, el juzgado acordó su libertad provisional previo pago de la fianza de un millón de euros que se había acordado el 18 de julio. El juez explicó entonces que procedía a dejarle en libertad aun cuando los hechos que se investigaban continuaban "revistiendo los caracteres de delito" y aun cuando existe "indicios racionales de criminalidad" contra el bróker de las criptomonedas.

Además de la alta fianza, se le impuso la obligación de comparecer en el juzgado quincenalmente y también de informar a la Audiencia Nacional de un domicilio en España para estar localizable en caso de tener que ser citado. La Fiscalía, por su parte, solicitó que se practicaran una serie de diligencias en aras a investigar la trazabilidad del dinero depositado como caución. En concreto, se pidió información de la cuenta corriente, así como el titular y las personas autorizadas de la misma.

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